Selección de artículos de opinión Prensa boliviana Abril, 2015 – Nº 26 CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Una destitución correcta .......................................................................................... 2 No más despropósitos ............................................................................................. 3 Acertada decisión presidencial ................................................................................ 3 La transición incompleta de Chile, por Marcos Aguirre ............................................ 4 La demanda de Bolivia en La Haya no fue una fatalidad, por Gonzalo Mendieta Romero .................................................................................................................... 6 Ramiro Prudencio: Charaña fue la más importante negociación con Chile ............... 7 La nueva diplomacia boliviana, por Víctor H. Morales Martínez .............................. 11 Chile dobla su apuesta, por Carlos D. Mesa Gisbert ............................................... 11 La Agenda de 13 puntos está vigente!, por Andrés Guzmán Escobari .................... 13 Bajó la marea, por Carmen Sandoval Landívar ....................................................... 14 Antonio Remiro: ‘Las notas diplomáticas también son tratados’ ............................ 15 Actos unilaterales como fuente de obligaciones internacionales, por Erich R. Kuhn Poppe ..................................................................................................................... 18 Negociación directa, por Ramiro Prudencio Lizón .................................................. 19 Chile: del vacío político a la política del vacío, por Fernando Mires ........................ 20 Papa Francisco: “Edificar la paz y construir puentes”, por Saúl Paniagua Flores ... 22 El debate sobre el mar, por Carlos Antonio Carrasco ............................................. 23 Eduardo Rodríguez: Chile duda de competencia de la CIJ mientras pide acatar fallo24 Claroscuros de los legisladores en la reivindicación marítima, por Mónica Arrien del Carpio .................................................................................................................... 26 No más: “entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”, por Carlos D. Mesa Gisbert ................................................................................................................... 28 La obligación de negociar, por Agustín Saavedra Weise ........................................ 29 El mar escondido, en otra fase crucial, por Mario Castro........................................ 30 Demanda marítima y plan “B”, por Moira Sandoval ................................................ 31 Heraldo Muñoz, letanía y anacronismo, por Willy Waldo Alvarado Vásquez ........... 33 Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya, por Gustavo Murillo Carrasco................................................................................................................. 33 1 Selección de artículos de opinión Prensa boliviana Abril, 2015 – Nº 26 1. Una destitución correcta El Presidente del Estado reaccionó como corresponde. Lo que pudo ser una acción que afecte la estrategia marítima del país fue, felizmente, neutralizada por su oportuna y drástica decisión El Presidente del Estado ha actuado como corresponde y en función de los intereses del país al destituir a su Ministro de Defensa que con absoluta falta de criterio viajó a Chile encabezando una misión de solidaridad, con un chaleco que hace referencia a nuestra demanda marítima. Obviamente, diversas autoridades del vecino país aprovecharon este error para hacer una dura crítica al país y nuestra política marítima. Y lo que pudo ser una acción que afecte la estrategia marítima del país fue, felizmente, neutralizada por la oportuna y drástica decisión del Primer Mandatario de destituir a ese dignatario, presentar disculpas al Gobierno de Chile y pedir perdón a la población de ese país, particularmente a la que sufre los rigores de una inundación sin precedentes, motivo del envío de agua a los damnificados, actitudes que obligaron al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a dar por superado el impasse. Ahora, lo que corresponde es insistir en que una relación tan compleja como la que el país mantiene con Chile, con un proceso de la envergadura del que se ha presentado ante La Haya, exige adoptar todas las precauciones posibles para, sobre todo, evitar, primero, las improvisaciones y, segundo, que intereses personales puedan afectar la estrategia adoptada y que, más allá de acuerdos y desacuerdos, legítimos por lo demás, ha recibido el apoyo generalizado de la ciudadanía. En este sentido, no está demás reiterar, como lo hacemos desde Los Tiempos recogiendo criterios especializados, que el Gobierno debe establecer con meridiana claridad qué autoridades están relacionadas con el tema y qué roles deben cumplir. Sólo de esa manera se evitará caer en errores como los que se comenta que, a diferencia de lo que dijeron oficiosos voceros afines al Gobierno y al MAS, no es consecuencia de algún sentimiento de patriotismo sino de un grosero desconocimiento de normas básicas de convivencia y relacionamiento. Si se hace una revisión de las posiciones sobre este tema se comprobará, a guisa de ejemplo, que desde la oposición o, genéricamente, desde el llano, las impertinencias han sido pocas. En cambio, en el lado gubernamental son varios los que, probablemente sin malas intenciones aunque sí con deseos de figuración, han hecho declaraciones poco felices que podrían obstaculizar la ejecución de la estrategia marítima. 2 Desde otro enfoque, esta experiencia debe servir para que el Primer Mandatario sea más cuidadoso con sus designaciones. No hay que olvidar que el destituido ministro fue embajador en Perú y cometió una serie de errores que provocaron fricciones en nuestra relación, pero que fueron justificados con el argumento de que se trataba de la “diplomacia de los pueblos”. Luego, intentó nominarlo candidato a la Gobernación de Cochabamba y como legalmente no era posible le otorgó la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Defensa, todas esas funciones sólo por su leal y antigua militancia partidaria. Al margen, hay que insistir y destacar en que el Presidente del Estado reaccionó como corresponde. Fuente: Los Tiempos 02.04.2015 (Editorial) 2. No más despropósitos De muy mal gusto resultó la actitud del que fuera ministro de Defensa, Jorge Ledezma, de llevar puesta una chaqueta bordada con la frase “El mar es de Bolivia” al momento de hacer entrega de la ayuda humanitaria de nuestro país a los damnificados por las inundaciones en el norte de Chile. El presidente Morales destituyó a Ledezma de su cargo y dejó en claro que se trató de un ‘error’ de su colaborador y no de una campaña comunicacional de su propio Gobierno. Aunque se hubiera tratado de una chiquillada personal del ahora exministro, no deja de preocupar que el Gobierno nacional no haya sido del todo prolijo en el manejo de la comunicación hacia Chile por el tema marítimo. Ha habido un exceso de palabras y señales –canalizadas a través de los medios de comunicación– cuando bastaba con un discurso oficial sereno y discreto a cargo de voceros autorizados, habida cuenta de la clara posición establecida por Bolivia en su demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. No debe haber margen de error en materia de relaciones internacionales, menos cuando se trata de ayudar desinteresadamente a los ciudadanos de un país vecino que han caído en desgracia. En este campo los detalles son importantes, desde qué donar y hasta quién debe ser el portador de la donación. En este caso, enviar agua y encargar al ministro de Defensa que la entregue fueron decisiones que se pueden prestar para otras interpretaciones, si se considera que las relaciones entre ambos países son bastante tensas. Menos mal que el presidente Morales actuó con rapidez cuando destituyó al mensajero de marras y pidió disculpas al pueblo chileno, al que se pretendió socorrer. El despropósito de Ledezma generó airadas protestas en el vecino país y su Senado lo calificó como una provocación. Más bien la intervención del canciller de Chile Heraldo Muñoz –que en otras ocasiones también atizó el fuego del intercambio verbal mediático– puso las cosas en perspectiva y dio por superado el impasse. Ya lo decía un excanciller boliviano: “Si vamos a ayudar a otros países, hagámoslo sin ningún aditamento político y sin ningún interés particular”. Corresponde que nuestra Cancillería se haga cargo de elaborar una estrategia comunicacional, tomando en cuenta que ya nos encontramos en la antesala de los alegatos que se escucharán en La Haya Fuente: El Deber 02.04.2015 (Editorial) 3. Acertada decisión presidencial El pasado 31 de marzo, el presidente Evo Morales destituyó al ministro de Defensa, Jorge Ledezma, en lo que representa la segunda destitución ministerial desde que su gabinete fuera posesionado el pasado 22 de enero (la primera se produjo en Carnaval, cuando removió de su cargo al ministro de Culturas, Pablo Groux). 3 Este último hecho se produjo después de que las autoridades chilenas reaccionaran con molestia porque Ledezma llegó a ese país para llevar 13 toneladas de agua para las familias damnificadas por las inundaciones vistiendo un chaleco con la leyenda "El mar es de Bolivia”. La presencia de Ledezma -lo desatinado de su vestimenta especialmente- generó una polémica entre las autoridades chilenas. El canciller Heraldo Muñoz condenó el uso "para propósitos políticos de la campaña comunicacional boliviana (del acto de solidaridad) en medio del sufrimiento de la gente”; mientras que los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado hablaron de "falta de prudencia”. Aunque Chile no hizo llegar una nota de protesta oficial, el incidente tensionó las ya delicadas relaciones de nuestro país con Chile, y de la forma menos atinada. Ante ello y sin esperar mayores reacciones y repercusiones en Chile o en el contexto internacional, el presidente Evo Morales destituyó a Ledezma y pidió disculpas a Chile por la actitud de su ministro. Indicó, dirigiéndose a Chile, que "nunca manejamos con fines electorales, políticos e intereses personales algo que es humanitario”; que "no podemos cometer esa clases de errores” y, además, dirigiéndose a su gabinete, que los ministros no son autónomos. Aunque antes de su destitución Jorge Ledezma pidió disculpas por el mensaje que llevaba en su chaleco y descartó que se haya tratado de una provocación o un intento de hacer propaganda, Evo Morales, aun demostrando su pesar por la determinación, no dubitó en el cambio y ese mismo día posesionó al excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el MAS, Reymi Ferreira. La rapidez y contundencia con que actuó el Presidente evitó cualquier otra reacción adicional de parte de las autoridades chilenas y, lo que es más importante, representó una señal de seriedad en el tratamiento de la demanda ante la Corte Internacional de La Haya , en un momento especialmente delicado. Aunque en algunos casos -como las denuncias contra la ministra Nemesia Achacollo o las declaraciones del exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes- el Presidente se ha resistido a criticar y mucho menos a remover a alguno de sus ministros, en este caso dio un mensaje claro. La rapidez y contundencia con que actuó el presidente Evo Morales evitó cualquier otra reacción adicional de parte de las autoridades chilenas. Fuente: Página Siete 04.04.2015 (Editorial) 4. La transición incompleta de Chile, por Marcos Aguirre En 2013, Chile y la comunidad internacional se sorprenden con la noticia de la presentación por Bolivia de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pidiendo que este tribunal declare la obligación que Chile tiene de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Esta decisión política tiene su origen no sólo en el más que centenario reclamo boliviano por su salida al mar, la consistencia de su reclamo en todos los foros y la voluntad del presidente Morales de llevarla al ámbito judicial, sino también en la tendencia de globalización de la justicia. La jurisdicción internacional cobra réditos en la solución de importantes conflictos, como el que –y por el mismo origen– sostuvieron Perú y Chile. La situación del conflicto entre Chile y Bolivia aún no está resuelta y abre interrogantes sobre la ética, el Derecho Internacional y la política exterior. Mientras el caso puede pasar desapercibido para el resto del mundo, el hecho ha provocado en Chile fuertes tensiones políticas y ha dejado en evidencia una sociedad que permanece hondamente dividida y polarizada en torno al legado de la guerra del Pacífico. 4 15 años antes, en octubre de 1998, Chile y el mundo son tomados por sorpresa cuando policías ingleses entran a una clínica en Londres para arrestar al exdictador chileno Augusto Pinochet. Una acción que abre interrogantes sobre la ética, el Derecho Internacional y la política exterior. El hecho ha provocado fuertes tensiones políticas y ha dejado en evidencia una sociedad chilena que permanece hondamente dividida y polarizada en torno al legado de la dictadura de Pinochet. La justicia debe hacerse. ¿Pero en qué términos? ¿Quién tiene derecho a juzgar a y dónde? La justicia debe hacerse preferentemente donde ocurren los hechos en cuestión. Sin embargo como lo señaló el arzobispo de Santiago “esto sucedió porque los chilenos no han sido capaces de hacer justicia en tantos casos de graves violaciones a los derechos humanos en el momento oportuno”. 15 años después, cabe preguntarse, como lo hacía el arzobispo de Santiago, si los chilenos han sido capaces de hacer justicia y asumir las consecuencias sobre los actos de sus gobernantes más sangrientos, aquellos que invadieron a Bolivia y al Perú. ¿Cómo determina una nación un equilibrio adecuado entre la justicia y el perdón cuando retorna a la democracia después de un período traumático de dictadura? Todo un dilema moral por el que atraviesan tantas naciones y que encontró una vía, la del perdón para salvaguardar valores como la justicia, la democracia o la estabilidad, pero acompañado por medidas que repudien la dictadura y reparen a las víctimas. En 1904 Bolivia y Chile acordaron la paz, nuevos límites y un conjunto de compensaciones para superar la frágil tregua. Mas ese tratado no resolvió todas las diferencias: subsistía la ocupación militar de territorios propios y ajenos, los límites no podían ser definitivos mientras concurra la diferencia con el Perú y las compensaciones no podían reparar el enclaustramiento. En suma, la salida con Bolivia consistió en un entendimiento precario con la confianza de que otros cambios sustantivos serán introducidos más adelante y que Chile alentó ocasionalmente con ofertas concretas. Por ello, la situación chilena es más compleja. No se trata de cuánta justicia y cuánto perdón lograr. A diferencia de otros países Chile no ha recobrado su soberanía popular enteramente. Las fuerzas pro dictaduras y de intereses corporativos han sido capaces de preservar los enclaves autoritarios. Su transición a la democracia es incompleta porque aunque voten e incluso reelijan a la Concertación, los fantasmas de su pasado están aún presentes. Por ende, el dilema en Chile tiene que ver con cuánta soberanía popular puede recobrar, cómo consolidar y concluir su proceso de transición democrática. El caso de la demanda boliviana ha provocado una ventana de oportunidad para esa transición, y la muestra se encuentra en la reacción conservadora que se ha desarrollado. Los sectores tradicionalmente más autoritarios y aquellos vinculados con el tradicional manejo de las empresas vinculadas a la expansión corporativa en las regiones del norte y con fuertes inversiones en el Perú, o con consorcios binacionales (administrando puertos peruanos y chilenos, bancos, almacenes, empresas pesqueras, minas, etc.) han encontrado en el canciller chileno Heraldo Muñoz el mejor exponente de la recuperación de valores ultraconservadores como la defensa a ultranza de las victorias logradas con la sangre patriótica. Pese a que Muñoz se considere a sí mismo un luchador inquebrantable de la dictadura, pese a que se considere un adalid de los derechos humanos, no ha dejado de ser el portavoz de una política dura, abusiva y con el sabor de las charreteras militares que defienden el capital. 5 En Chile, como en las mejores épocas de la dictadura, las fuerzas conservadoras mantienen la obra de sus antepasados en materia de política exterior, aun sabiendo que fue expoliadora e injusta. Es más importante que cualquier proceso de reflexión o diálogo, y por supuesto, sigue favoreciendo a sus intereses con el aplauso nacionalista. ¿O el canciller Muñoz no se ha dado cuenta de la íntima relación entre nacionalismo, chauvinismo y dictadura? Irónicamente, si Chile es llevado a sostener un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, las fuerzas democráticas sentirán la urgencia de tener que generar las condiciones para someterse a la justicia universal, quizás abriendo así una oportunidad para corregir algunos defectos de su transición. Es decir que una vez más, si Chile es llevado a un tribunal internacional es por la incapacidad de sus mismos gobernantes de solucionar los errores que cometieron en el pasado. Ya les pasó con Pinochet. La demanda boliviana está demostrando a Chile que una transición a la democracia debe enfrentar todos sus asuntos pendientes por penosos que ellos sean y no “barrerlos bajo la alfombra”. Es responsabilidad de los chilenos recuperar plenamente su país y terminar su transición con suficiente verdad y justicia. Un proceso largo pero ciertamente inevitable. Fuente: Los Tiempos 04.04.2015 5. La demanda de Bolivia en La Haya no fue una fatalidad, por Gonzalo Mendieta Romero En un artículo en El Mercurio ("Chile, Bolivia y la Corte rizan el rizo”), el intelectual chileno José Rodríguez Elizondo pregunta ¿por qué Bolivia desestimó la negociación directa? Su respuesta es que fue porque Bolivia no obtuvo un corredor soberano a través de Arica, "sin contrapartidas”. Rodríguez Elizondo ha sostenido que para resolver este entuerto debe seguirse una negociación de dos etapas: primero entre los gobiernos de Chile y Perú, y luego, si hay avances, con Bolivia. La trilateralidad que propone Rodríguez merece más que una columna, pues es un nudo gordiano de esta trama. Aquí sólo me detendré en su afirmación de que Bolivia desestimó la negociación con Chile porque, según él, no consiguió un corredor por Arica, gratis. Más que el apetito boliviano desbordado, la última negociación (en Chile no es políticamente correcto llamarla así en medio litigio de La Haya) fracasó porque reprodujo vicios repetidos en las tratativas entre ambos países. Esos vicios deberían ser asumidos como desviaciones estructurales a evitar en la siguiente ronda negociadora. Ambos países la sostendrán algún día, con o sin sentencia en La Haya. Si Perú la consintiera, la instancia trilateral sería ideal, pero no es realista esperarla en el mediano plazo. El primero de esos vicios es que Chile (y a veces Perú, cuando las relaciones bolivianochilenas mejoran) vea a Bolivia como un subrogado de la diplomacia peruana (así como, a su vez, Alan García pensó que las afrentas de Evo contra él eran fruto de su acercamiento a Chile). Una negociación realista debe ser capaz de ocuparse más del corazón del problema y menos de su periferia (las "maquinaciones peruanas” o el uso "para política interna” que Chile suele acusar en las maniobras bolivianas). Por otra parte, una negociación exitosa es improbable si, para ponerlo en palabras de un historiador chileno, se concibe a Bolivia como fruto del "fracaso del proyecto boliviariano de crear un Estado tapón” o se le asigna un fatal "papel periférico (…) en el sistema internacional suramericano”. 6 Una negociación veraz poco puede avanzar si depende de esos lentes analíticos. El realismo y el estructuralismo, prudentes para sortear el idealismo y el formalismo, pueden decantar en otro vicio: legitimar la propia -y cruda- voluntad o el desdén. En el caso chileno: pensar que el interlocutor boliviano no existe o importa poco. Un segundo vicio es la dilación en las negociaciones. En Bolivia usualmente se han percibido como una forma chilena de marear la perdiz. La demora promueve la inseguridad de los negociadores bolivianos, para festín de sus críticos locales. El embajador boliviano durante la negociación de Charaña, Guillermo Gutiérrez, escribía: "las fluctuaciones de política interna en Bolivia eran provocadas precisamente por la sensación de fracaso de las negociaciones marítimas”. También en 2010 Evo perdió la paciencia por la dilación (además del desliz chileno de no informar -previamente- la detención del coronel Sanabria al Gobierno boliviano, lo que desató el desengaño de éste). Morales no abandonó la negociación porque no tuviera el resultado deseado. La negociación se interrumpió antes, por culpa de fantasmas (o mutantes) conocidos y desatendidos. Las dificultades de nuestros negociadores son problema boliviano, pero un acercamiento bilateral realista no debería dejar de prevenir las trabas obvias. Es cierto que cualquiera puede rentar de la precariedad de su interlocutor, pero no es sensato abstraerse de los elementos subjetivos en una relación diplomática que busca resultados. Además, la disposición chilena a negociar con Bolivia es mayor cuando enfrenta tensiones con sus otros vecinos. Ocurrió así en 1895, en 1975 y también en esta última década, cuando Perú demandó a Chile en La Haya. Por eso Bolivia duda si el ímpetu negociador de Chile es genuino o sólo está condicionado por el propósito instrumental de equilibrar el poder de sus vecinos, sin ánimo de llegar a un acuerdo. La Haya no es una fatalidad del apetito boliviano de conseguir cesiones a cambio de nada. No sabemos dónde habrían terminado las negociaciones con Chile de haberse silenciado los ruidos de la desconfianza. Quién sabe Perú habría visto las (des)ventajas de sentarse a la mesa, antes que quedar como un tercero en discordia. Fuente: Página Siete 04.04.2015 (Gonzalo Mendieta Romero es abogado) 6. Ramiro Prudencio: Charaña fue la más importante negociación con Chile En febrero se cumplieron 40 años del “Abrazo de Charaña” (8 de febrero de 1975), entre los presidentes de facto de entonces, Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile. Con ese encuentro empezó la denominada “Negociación de Charaña”, que duró casi tres años, hasta 1978. El diplomático e historiador Ramiro Prudencio Lizón por entonces fue Primer Secretario en la Embajada de Bolivia en Chile y como tal siguió de cerca el tema; de hecho en 2011, Plural publicó su Historia de la negociación de Charaña. Escribí esta historia —dice Prudencio Lizón allí— “no solo para recordar una notable gestión efectuada para reintegrarnos al océano Pacífico, sino porque ella se constituye en una prueba fundamental de que con una negociación directa, seria, franca y leal, Bolivia puede alcanzar el mar con plena soberanía”. — ¿Por qué dice que la negociación de Charaña fue la más importante del siglo XX? — Porque las anteriores, como la del año 20, se frustraron muy rápidamente. En 1920, vino acá como ministro plenipotenciario Emilio Bello Codecido, y el 10 de febrero suscribió un acta, que pudo haber sido un tratado; Bolivia no quiso, no se quería molestar al Perú. El problema era de Tacna y Arica. Chile quería que Tacna y Arica fuesen divididas en tres, Perú no quería, quería de uno solo para sí; tenía derechos jurídicos, pero el territorio estaba 7 en manos de Chile ya por 40 años. Chile proponía: Tacna para Perú, Arica para Chile y un corredor de unos 30 kilómetros de ancho para Bolivia. — O sea, el corredor que se trató en Charaña en 1975 ya era una opción desde mucho antes… — Los chilenos ya tenían esa idea, pero esa época el corredor iba a ser de 30 kilómetros, no de 8 en la costa como se propuso el 75. Con todo, se firmó esa acta reservada, pero pocos meses después vino la revolución del partido republicano en Bolivia, y éste rechazó de plano esa acta, porque tenía una relación muy estrecha con Perú. Luego, la nueva negociación fue la del 50, cuando el embajador Alberto Ostria Gutiérrez llegó a convencer a Chile que reconozca que existe un problema entre ambos países y que hay que solucionar. Y la nota de Ignacio Walker, el canciller chileno de entonces, lo dice: ‘efectivamente toda la tradición chilena, los cancilleres, han reconocido la existencia del problema y por eso Chile está dispuesto a tratarlo’. No se dice dónde va a ser la zona (de cesión territorial a Bolivia), pero se dice, ‘sin compensaciones territoriales’; es lo que Ostria más insistió; lo que a mi juicio fue un error... — ¿Pero se seguía con la idea del corredor? — Luego vino el gobierno de (Salvador) Allende, que continúa esa política. Bolivia manda a un nuevo cónsul general para negociar con el gobierno de Allende. Y su gobierno se abrió completamente; se decidió lo mismo, un corredor al norte de Arica. La cuestión de la compensación se la pospuso para después. Se habló de 10 kilómetros de ancho en la costa, hasta que vino el golpe de Banzer acá y parecía que todo se había enfriado, lo que no es cierto. — Pero la relación ahora iba a ser entre dos regímenes de facto. — Vino el gobierno de Pinochet y parecía que iba a ser más fría la cosa, pero había una relación, se podría decir, militar; y precisamente fue el gobierno de Brasil (presidido por el también militar Ernesto Geisel) el que reunió a Banzer y Pinochet en Brasilia. Pinochet estaba dispuesto a solucionar el problema marítimo, tuvo ese compromiso, y a raíz de esto es que hubo la reunión en Charaña. — Después del abrazo, ¿cómo evolucionó la negociación? — ¿Qué cosa se iba a negociar? Entonces, Chile dijo, ‘qué es lo que ustedes quieren; ustedes propongan’, y así fue Bolivia la que propuso, en un memorándum del 26 de agosto: un corredor al norte de Arica, pero también un enclave al sur del territorio de Tacna y Arica, para que Perú no pudiera intervenir (fuera del territorio que antes fue suyo); que nos entreguen el tren Arica-La Paz y autonomía (boliviana) en el puerto de Arica. El 19 de diciembre del 75 Chile contestó: aceptaba el corredor al norte de Arica, además que lo delimitaba, 8 kilómetros en la Costa, en la parte alta era mucho más ancha; segundo, el ferrocarril Arica-La Paz (que pasaría a ser potestad de Bolivia); tercero, el aeropuerto de Chacalluca, que quedaba dentro del corredor; pero no aceptaba el enclave. — Pero no planteaba el canje… — Ahí vino el problema. Chile quería demostrar a su pueblo que estaba haciendo una gran negociación, que iba a sacar buena ventaja; pidió una compensación territorial, pero no solamente por el corredor, sino por el mar territorial del corredor, que se consideraba 200 millas, aunque Chile no reconocía esto, decía que tiene 12 millas de mar territorial, y el resto es zona económica exclusiva. El gran problema fue eso. Al día siguiente, en la prensa boliviana salió un mapa que decía: ‘Bolivia va a recibir este corredor y va a tener que entregar este territorio’; molestó mucho. — ¿Cómo reaccionó Bolivia? 8 — Lo primero que hizo nuestro embajador fue negociar eso (la pretendida compensación territorial) ; ‘esto va a crear problemas muy serios’, decía. Además, (la propuesta chilena) tenía otras dos condiciones: que se desmilitarice el corredor y el uso total de las aguas del río Lauca (que Chile había desviado en 1962). Rápidamente nuestro embajador arregló: en vez de desmilitarizar, el día en que Bolivia reciba el corredor, iba a indicar que es un país pacífico y que no tiene la intención de tener grandes tropas en la zona; en cuanto al mar territorial se decidió que sea el derecho internacional el que decida, o sea, la Convención del Mar, 12 o 3 millas. Eso duró varios meses, hasta que el propio canciller chileno comprendió que esto de 12 o 3 millas creaba grandes problemas en Bolivia; hasta que, en una declaración pública dijo que Chile no va a pedir nada de mar territorial. — ¿Y la situación en Bolivia sobre el canje territorial? — El presidente Banzer en un principio aceptó el canje, pero después empezó a averiguar en los cuarteles, en la opinión pública, en sus oficiales y militares, y vio que nadie en Bolivia quería una compensación territorial, porque todo el mundo se basaba en la nota del año 50, cuando Chile se había comprometido a solucionar el problema sin pedir una compensación territorial. — ¿Cuánto ayudó o perjudicó que hayan sido dos militares? — El momento era el adecuado; eran dos gobiernos de militares dispuestos a negociar. Menospreciaban a los civiles, ‘éstos no han hecho nada’, decían; era más rápido porque no había ni siquiera parlamentos; la idea era dejar todo ‘cocinado’, para cuando haya parlamento, y no que haya parlamentarios que desde un principio ataquen lo hecho. — Pero luego se fueron debilitando, el 78 Banzer dejó el poder. — Aquí sí, allá no, allí el gobierno fue aumentando su poder. Banzer se fue debilitando, rompió con el MNR, con Mario Gutiérrez de Falange; ambos se fueron y se quedó con un grupo de empresarios y oficiales. Como vio que era débil, y vio que había una gran oposición en la prensa contra la compensación, fue reculando. Bolivia quería convencer a Pinochet que deje de lado el tema de la compensación. Otro punto más: después de un año de que Chile entregó la propuesta a Bolivia, vino la propuesta de Perú; porque Chile consultó a Perú: ‘estamos negociando con Bolivia, y es necesario que ustedes opinen sobre el asunto’. Y ¿qué dijo el Perú?; indicó: ‘aceptamos que exista ese corredor, pero en la zona donde la carretera entre Tacna y Arica lo cruza, se determine que desde ahí hasta la costa sea una zona trinacional; quería que el puerto de Arica se internacionalice, pero sí aceptaba que Bolivia tenga puerto y que el mar territorial sea boliviano. Esto era complicar enormemente las cosas, Chile rechazó esa posición. El 77, los tres presidentes de entonces (Banzer, Pinochet y Francisco Morales Bermúdez) fueron a Washington por el asunto de la entrega del Canal de Panamá. Ahí Banzer propuso a Pinochet y Morales Bermúdez, que cada presidente nombre un representante personal y que se junten y estudien el problema y levanten esta situación. Los tres aceptaron; tres semanas después se juntaron los cancilleres y emitieron un comunicado conjunto: ‘vamos a elegir representantes especiales que van a buscar la solución del problema’. Chile y Perú nombraron; pero Bolivia no y rompió relaciones. — ¿Cuál fue el argumento boliviano para romper relaciones? — Que el asunto del canje territorial se iba a mantener, y que eso Bolivia no podía aceptarlo. — Hubo críticas también a la negociación. Una de ellas fue la de Wálter Guevara, que decía que todo había sido para relanzar el gobierno de Banzer. — Wálter Guevara estaba muy molesto con Banzer. Lo había nombrado embajador, luego lo había sacado; y escribió un libro, Radiografía de una negociación y de mala fe, porque 9 ahí cita el Acta de Charaña; y dice que ‘aquí el punto principal es que se restablecen relaciones, pero no pone el argumento fundamental: por qué se restablecen, porque Chile se compromete a negociar... Ataca, pero al final del libro dice que se debe mantener la negociación. — Otra crítica fue la de Marcelo Quiroga Santa Cruz (en su libro Hablemos de los que mueren, Plural 2012); decía, por ejemplo, que el lugar del corredor en la costa era inútil, una “zona carente de interés económico”, sin puerto y, además, con Arica tan cerca igual se usará este último puerto. — Hay que ver cómo es el asunto del puerto. Evidentemente, años atrás, los puertos tenían que ser naturales, estar ya las condiciones; pero ahora es diferente. Ahora bien, estoy de acuerdo que habiendo un puerto al lado podría haber competencia. Pero no. Lo que pasa es que si hay dos puertos se convierte en un megapuerto, administrado por una misma entidad, porque cada vez la carga de Bolivia es más grande, se va especificando qué carga pasaría por acá y qué por allá, clasificando los almacenes y todo, como son los puertos grandes; nosotros siempre pensamos con la mentalidad de un puerto pequeño, no; ya sería un megapuerto, como Chile quería construir en Mejillones; acá los dos puertos se unirían. — Quiroga también observa esto de la zona desmilitarizada. — Bastaba esa declaración de Bolivia de que no es un país agresivo, pacífico y que nunca va a tener tropas importantes en la zona. — Se refería a que iba a ser una zona donde en los hechos no se iba a ejercer soberanía plena, donde se “anula toda capacidad defensiva boliviana”… — Fuerza armada iba a haber, pero para qué se necesitarían muchas tropas; además Chile comprendió que esa exigencia era nomás una exageración. — Ahora, Quiroga afirma que Chile iba a demandar territorio con riqueza minera (“frente a la zona chilena Iquique-Pisagua, en lo que constituye la cabecera de los grandes salares — Coipasa—, zona de excepcional riqueza minera”), todo a cambio de una zona poco útil económicamente. — Bolivia es la que iba a determinar. Ahora lo que pasa es que el país no sabe cómo es su territorio; no conocemos si tiene o no tiene y Chile sí sabe cuál es la riqueza boliviana en la frontera. — Se hablaba cerca de los salares. — Algo de eso había. Pero creo que lo que más hubiera insistido, y lo dijo (el canciller de Chile, Patricio) Carvajal: era el Silala, quería por la zona del Silala; decía: ‘esa zona nosotros la utilizamos y ustedes no’. Datos Nombre: Ramiro Prudencio Lizón Profesión: Diplomático e historiador Cargo: Fue Asesor General de la Cancillería y Director de la Academia Diplomática Boliviana Perfil Prudencio Lizón fue catedrático de Historia de la Cultura, Historia Económica de Bolivia e Historia Diplomática de Bolivia en la UMSA; profesor de Relaciones Públicas y de Políticas de Desarrollo en el Colegio Militar de Ejército, entre otras cátedras. Fuente: La Razón 05.04.2015 (Suplemento Animal Político) 10 7. La nueva diplomacia boliviana, por Víctor H. Morales Martínez Las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, los hechos políticos y los feriados de Semana Santa recién pasados, opacaron un acontecimiento acaecido a fines del anterior mes que, sin embargo, no puede dejarse de resaltar por su importancia. El pasado 26 de marzo de 2015, en la Sede de la Asociación Latinoamericana de Integración – Aladi (Montevideo – Uruguay), Bolivia y Chile sostuvieron una reunión bilateral para acordar la correcta aplicación del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). El ATIT es un Acuerdo que fue suscrito en 1990 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para regular la prestación de servicios de transporte terrestre por carretera, tanto de carga como de pasajeros. Bolivia se adscribió a dicho Acuerdo considerando que su Artículo 15 establece que el mismo no restringe en ningún caso las facilidades que, sobre transporte y libre tránsito, se hubiesen concedido los países signatarios. Ello en clara alusión al Tratado de 1904 que dispone que Chile reconoce en favor de nuestro país, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. No obstante, y pese a que las autoridades chilenas juren y perjuren que esta disposición del Tratado fue respetada a cabalidad, sabemos que no siempre fue así (si es que alguna vez lo fue); y quienes pueden atestiguarlo, por la actividad que desempeñan, son los transportistas bolivianos de carga internacional. De esta manera, pese a la posición contraria de Chile, Bolivia tuvo que recurrir a la Aladi como una instancia neutral donde se dirima el problema que genera el comportamiento abusivo de ese país, que en muchos casos hacia prevalecer su normativa interna por sobre el Tratado de 1904, al no distinguir la carga que se comercia de manera bilateral, de aquella que se encuentra en tránsito por territorio chileno, pero que proviene o se dirige a terceros países (carga de ultramar). En la mencionada oportunidad, bajo la conducción del vicecanciller Juan Carlos Alurralde se logró que Chile reconozca oficialmente la diferencia entre carga bilateral y de ultramar, quedando esta última sujeta a lo dispuesto por el Artículo 15 del ATIT, citado precedentemente. Entre otros aspectos, se consiguió, además, que dicho país acepte el tránsito de 24 horas por el punto fronterizo Chungará – Tambo Quemado; y no efectúe control de carga rigurosa a camiones bolivianos que transportan mercancías de ultramar. Un resultado totalmente positivo para Bolivia, que repercutirá en el ámbito económico al facilitar el flujo de mercancías bolivianas por puertos chilenos, además que permitirá garantizar el respeto al Tratado de 1904, que en este caso venía siendo distorsionado por las autoridades chilenas ante la dejadez de nuestras exautoridades diplomáticas, que en el pasado fueron muy laxas al momento de exigir su cumplimiento. Una muestra más que Bolivia dejó de ser un país sumiso para convertirse en una nación que exige respeto por sus derechos adquiridos. Fuente: Los Tiempos 11.04.2015 8. Chile dobla su apuesta, por Carlos D. Mesa Gisbert "Si se llegase a aprobar esa demanda, sería simplemente el caos internacional. Porque cualquier país el día de mañana podría cuestionar los límites fronterizos con sus vecinos en el Tribunal de La Haya y eso, simplemente, es la anarquía absoluta en materia de derecho internacional”. "La demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global”. Estos dramáticos conceptos fueron expresados, respectivamente, por el presidente 11 del Senado de Chile, Patricio Walker, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. La dimensión de estas afirmaciones está en estrecha relación con el tamaño de la apuesta de Chile en su demanda preliminar de incompetencia ante la CIJ. Para nuestro vecino el verdadero juicio está en la fase preliminar del proceso. Ésta es la razón que explica la estrategia. A diferencia de quienes han hecho una lectura de que la política chilena sobre la cuestión ha sido llevar a Bolivia al escenario de la confrontación, para forzarnos a dar una innecesaria imagen de agresividad, la realidad es que las iniciativas de Santiago, cargadas de un lenguaje duro, son reiterativas en un argumento -"Bolivia disfraza en su demanda la intención real que es la de cuestionar el Tratado de 1904”- que tienen que ver con un sustento, el único que han podido encontrar ante la coherencia jurídica boliviana. Cuando Chile desarrolla una estrategia comunicacional tan intensa, en los días previos a la presentación de los alegatos de mayo, lo hace porque sabe que a falta de razones jurídicas, bien vale generar una sensación política de que lo que está en juego no es simplemente un fallo que resuelva la controversia entre dos países, sino, por el contrario, un antecedente de alto riesgo para el orden jurídico internacional. El objetivo es doble: intentar que la Corte acepte su lógica argumental absolutamente ajena a la naturaleza intrínseca de la demanda boliviana, y crear en la comunidad internacional el temor de que, efectivamente, lo que está en juego no es un caso entre dos países, sino una jurisprudencia que puede complicar al mundo en temas internacionales mucho más volátiles y explosivos, que el de nuestra forzada mediterraneidad. Pero ocurre que la apuesta doblada no hace sino poner en claro que su falta de solidez jurídica les obliga a generar esta sensación. El largo y sostenido trabajo que hemos desarrollado en nuestras visitas internacionales, no ha hecho otra cosa que confirmar el acierto de la decisión del Presidente de pedirnos que hagamos una explicación, en todos los escenarios, sobre nuestra demanda y sus fundamentos jurídicos. Hemos podido comprobar, en la mayoría de los casos, que nuestros interlocutores nos preguntan sobre el Tratado de 1904 y la posición boliviana con relación a dicho Tratado. Cuando les explicamos que Bolivia firmó un Tratado, que lo respetó y lo respeta, y subrayamos con énfasis que Bolivia respeta la arquitectura jurídica internacional, cuya base son precisamente los tratados de límites, la inquietud subsecuente es sobre nuestro argumento ante La Haya. La respuesta es clara y transparente, como la estructura misma de nuestra Memoria Jurídica. Bolivia le pide a la CIJ que Chile cumpla lo que su política exterior prometió hacer: "Chile está dispuesta a dialogar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar”. No, no se trata de nada que hiciera Chile en 1904, ni tiene nada que ver con el contenido del Tratado. Lo que hizo Chile fueron actos unilaterales como Estado ¿Cuándo? Después del Tratado de 1904, entre 1920 y 1983. ¿Quién se comprometió a nombre de Chile? Presidentes, Ministros de Relaciones Exteriores y Embajadores. ¿Cómo? A través de cartas, notas oficiales y memorandos. ¿Por qué es un tema pendiente? Porque esos compromisos formales hechos después, y al margen del Tratado, no fueron cumplidos. Esos actos unilaterales son jurídicamente exigibles y, por supuesto, no ponen en cuestión ni una sola coma de los Tratados Internacionales, ni a nivel bilateral ni en ninguna parte de este planeta en ninguna controversia existente o por venir. La apuesta doblada por Chile en esta recta final es perfectamente comprensible, pero, con todo respeto, absolutamente estéril. La causa boliviana tiene una base lógica que está a muchos kilómetros del Tratado de 1904. 12 Fuente: Página Siete 12.04.2015 (Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia) 9. La Agenda de 13 puntos está vigente!, por Andrés Guzmán Escobari En una de sus más recientes apariciones, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró: "La Agenda de los 13 puntos sigue vigente, pero está paralizada. Y la razón no es otra que la demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones, entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia” (El Deber, 05/04/2015). La Agenda de 13 puntos, cabe recordar, es un mecanismo de diálogo sobre 13 temas específicos de la relación boliviano-chilena, adoptado en julio de 2006 durante las primeras gestiones de Michelle Bachelet y Evo Morales, y que incluye, en su punto sexto, al tema marítimo. Según las palabras del canciller Muñoz, que, valga tener en cuenta, comprometen la fe del Estado chileno, una vez que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia, la Agenda de 13 puntos debería ser retomada para construir acuerdos de largo plazo. Lo cual, si realmente Chile piensa cumplir, nos hace ver que en realidad todos los caminos que tenemos por delante nos llevan al mismo destino, la negociación. Independientemente del resultado que se obtenga en el proceso judicial, que fue iniciado por Bolivia precisamente para negociar con Chile una salida soberana al mar bajo la égida de un fallo del más alto Tribunal de las Naciones Unidas, la Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado o iniciado. En otras palabras, estamos en medio de un juicio desgastante y costoso para ambos países, que claramente podría ser evitado, ya que al final de cuentas, cualquiera sea su resultado, bolivianos y chilenos deberán sentarse en la mesa de las negociaciones para encontrar una solución al problema que genera el enclaustramiento de Bolivia. Y si bien las declaraciones de la autoridad chilena son muy alentadoras para quienes creemos que la negociación es la única forma de resolver este largo y difícil problema, existe una imprecisión en esas expresiones que creemos importante aclarar: la Agenda de 13 puntos no se detuvo cuando Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, como afirma Muñoz, sino que ya se encontraba paralizada hacia más de dos años. En efecto, la última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia - Chile, encargado de negociar la Agenda de 13 puntos, se realizó en julio de 2010 en La Paz, durante el gobierno de Piñera. En esa ocasión ambos países se comprometieron formalmente a "presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles (para el tema marítimo) en la siguiente y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Chile - Bolivia…”, y acordaron proseguir las conversaciones en Arica en noviembre de ese año. No obstante, antes de que llegue el momento de cumplir lo acordado, Chile decidió cancelar el encuentro previsto para noviembre, sin dar ninguna explicación y sin nunca convocar a una nueva reunión. Después hubo dos encuentros de cancilleres en Santiago y La Paz, pero tampoco se lograron avances, porque el ministro chileno Alfredo Moreno se rehusó a firmar lo que Bolivia propuso, y tampoco presentó soluciones concretas, factibles y útiles, tal como se había convenido. En esas circunstancias, y tras el último intento por restablecer las conversaciones que hizo el presidente Morales en febrero de 2011 cuando le pidió a Chile que presente una propuesta formal y escrita antes del día del mar 132, el mismo Evo Morales anunció por 13 primera vez su intención de demandar a Chile aquel 23 de marzo de 2011, lo cual, como hemos dicho, se hizo realidad recién el 24 de abril de 2013. Por otra parte, y esto debería saberlo bien el canciller Muñoz: no es posible presentar una demanda sobre un asunto que se está negociando entre dos Estados, porque uno de los requisitos para iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia es agotar previamente todos los mecanismos diplomáticos de negociación. Sólo cuando el Estado demandante demuestra fehacientemente que el asunto llevado a la Corte no se ha podido resolver mediante el diálogo, tal como Bolivia lo hizo, el caso es admitido por ese prestigioso Tribunal, pues lo contrario significaría desvirtuar el principio de la buena fe, que debería ser un elemento infaltable de toda negociación. Pero en lugar de continuar la política dura del gobierno de Piñera que, sin explicaciones, interrumpió la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010, el gobierno de Bachelet podría retomar el diálogo iniciado durante su primer mandato. Porque si la Agenda de 13 puntos está vigente, tal como lo reconoció Muñoz, lo más inteligente y racional sería que Chile acepte reactivar las conversaciones, cumpla lo ofrecido en cuanto a presentar y alcanzar soluciones concretas factibles y útiles, y obligue así al gobierno de Morales a retirar su demanda. De esa manera se evitaría el largo y oneroso camino que plantea el juicio ante la CIJ. No obstante, si de todas maneras los ocupantes de La Moneda deciden seguir el camino largo y oneroso, entonces no quedará más que esperar a que la Corte primero se declare competente para conocer este caso, porque todas las promesas chilenas fueron hechas independientemente del Tratado de 1904, tal como se puede evidenciar en los documentos respectivos; y después, habrá que aguardar unos buenos años más para que ese mismo Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar, porque los compromisos, ofertas y reconocimientos chilenos de 1950, 1961, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 y 2010 (que fueron antecedidos por los de 1895, 1920, 1921, 1923 y 1926) fueron adoptados formalmente por las más altas autoridades del país del Mapocho y creemos que, también, de buena fe. Fuente: Página Siete 12.04.2015 10. Bajó la marea, por Carmen Sandoval Landívar Para los bolivianos el tema del mar es inherente a nuestra nacionalidad. Desde niños nos enseñan la versión boliviana de la historia de la Guerra del Pacífico, versión que en Chile es diferente y no tiene tanto impacto en la vida de los ciudadanos. En el caso nuestro es un tema que se vuelve recurrente en épocas electorales. En Bolivia estamos en elecciones desde el año pasado, por tanto, el mar estuvo presente con mucha más fuerza en los medios de comunicación, ya que formaba parte de la agenda electoral de los candidatos, pues saben que es un tema sensible que puede hacerlos bajar o subir en las encuestas y, entonces, hay que mostrarse tan patriota como Eduardo Abaroa. Ahora que pasaron las elecciones subnacionales, que ya bajó la marea electoral, el tema debe volver a los cauces del derecho internacional, del sentido común; tenemos la obligación de abordarlo con la seriedad que amerita nuestra mediterraneidad, que sirve para excusarnos de muchas cosas, como la falta de desarrollo, una visión encajonada por las montañas sin el amplio horizonte marítimo, y hasta para justificar nuestra baja autoestima cuando el caso lo requiere. En las últimas semanas las especulaciones han sido de todo tipo y no ha faltado la presencia del Sumo Pontífice en ellas. Mucho se ha venido especulando del posible apoyo que brindará el papa Francisco en su próxima visita, nada más falso. La Iglesia Católica sabe 14 que es un tema muy delicado, sobre el que tiene la obligación de guardar una actitud diplomática, buscando el entendimiento entre partes, como siempre lo han hecho cuando se trata de diferendos que involucran a dos naciones. Si bien es cierto que existe cierto nerviosismo entre las autoridades chilenas por la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, también existe entre nuestras autoridades, porque saben que es la primera vez que Bolivia encara el asunto de una manera integral ante el mundo. El Gobierno boliviano, además de encargar la estrategia a expresidentes, también se está haciendo asesorar con expertos internacionales, al igual que hizo Perú en el pasado litigio que ganaron. Nuestras autoridades saben que se están jugando algo más que lo meramente judicial, se está jugando la posibilidad de definir una política de Estado respecto a nuestra salida al mar. La aparente calma de nuestras autoridades se explica porque hemos tomado la iniciativa, hemos pasado de la defensa al ataque, y en nuestra ofensiva estamos granjeando simpatías en el mundo y eso lo saben en el Palacio de la Moneda. Ahora que bajó la marea, nos toca enrumbar hacia La Haya, navegando el barco insignia que hemos elegido y que está capitaneado por un presidente de origen indígena que ha entendido que el problema del enclaustramiento nos debe unir por encima de los colores políticos. Fuente: La Razón 15.04.2015 11. Antonio Remiro: ‘Las notas diplomáticas también son tratados’ El español Antonio Remiro Brotóns es uno de los seis abogados internacionalistas que asisten al Gobierno boliviano en su demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda). Tras la reunión de trabajo del lunes 13 en Santa Cruz, entre cuatro de los seis especialistas y autoridades del Estado, Remiro Brotóns fue el único en declarar a la prensa. Ante la insistente pregunta de los periodistas sobre si hay fundamento en la demanda marítima boliviana, él, conciso, se puede decir que más bien cuestionó: “La respuesta es obvia, sí”. Y es que si algo dejó en claro es que si está en el equipo internacional boliviano, como sus colegas, es porque está convencido no solo de la justeza sino de lo fundado de la demanda: “Si acepto ser abogado de una parte es porque creo en su causa”; esta la única forma, dice, “de trabajar en profundidad y con convicción en un caso”. Remiro Brotóns habló en exclusiva con Animal Político y dio pautas del derecho internacional por demás orientadoras... — ¿Cuál es su campo de especificidad académica? — Dentro del Derecho Internacional pertenezco a lo que podemos llamar el sector generalista, es decir el sector que toma al Derecho Internacional como protagonista de su preparación y estudio y al hilo de eso se va encontrando en campos especializados como el mar, los derechos humanos, elementos que todos tienen en común, principios fundamentales como son las fuentes de la obligación, los tratados, la responsabilidad internacional por la violación de esas obligaciones y los mecanismos de arreglo de controversias para solventar las diferencias de criterio, sobre si esas obligaciones se han o no violado. — ¿Es la modalidad más conveniente? — Hay otros internacionalistas que vienen a la inversa. Son gentes que se especializaron desde el principio, por ejemplo, en derecho del mar o derechos humanos y que han llegado, a partir de ahí, al orden internacional y han tenido que estudiar todas esas materias que son las vertebrales y fundamentales del Derecho Internacional. Eso a veces ha producido, por parte de estos últimos, cierta distorsión. Ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los arbitrajes e inversiones entre Estados y empresas que un internista tiende a ignorar la conducción del 15 Estado soberano, los privilegios que como tal tiene en el orden internacional, o confunde el tratado con el contrato. En muchos casos, se ha acudido a jueces estatales de Estados Unidos para determinar la suerte de laudos o arreglos con inversionistas de un Estado. — ¿Como en los Fondos Buitre? — Algo de eso ha pasado en los Fondos Buitre, es decir que no puede ignorarse que se está ante un Estado soberano. ¿Cómo es posible que un juez pueda decidir que un Estado como tal deje de pagar a unos bonistas con los que ha llegado a un acuerdo, simplemente porque tiene que pagar a otros que obtuvieron a precio de saldo la obligación correspondiente? — Entonces, el camino sería ir desde el todo, en este caso del Derecho Internacional. — Hay elementos fundamentales del Derecho Internacional que deben comprenderse. Primero, que el Estado es el sujeto primario y fundamental y goza de un estatuto determinado que no es comparable con los sujetos internos con que puede entrar en relaciones. Además, entre Estados, para respetar la igualdad formal de los mismos, hay inmunidades de jurisdicción y ejecución que no gozan los particulares. A partir de ahí encuentras la formación de obligaciones internacionales que tienen como elemento más característico el tratado internacional, pero hay otras formas, como normas generales de orden consuetudinario, principios generales de derecho, es decir muchas fuentes de obligación. De ahí está la idea de que un Estado o un sujeto internacional puede violar esas obligaciones. Surge una responsabilidad que requiere restituir la situación anterior mediante los mecanismos que están establecidos por el orden internacional con carácter general. También están los mecanismos de arreglo de las controversias. — ¿Cuánto vigor tiene el prin-cipio de que la fuerza no funda derechos? — A un Estado no se lo puede llevar a un arreglo de controversias por la fuerza. Los sujetos, y en particular los Estados, no pueden acudir a la fuerza para resolver sus diferencias. Cualquier ventaja que se logre por un Estado mediante el uso de la fuerza, a diferencia de lo que ocurría antes, no consigue un título. La conquista no da derecho. Llegamos a un arreglo pacífico de las controversias y ahí un Estado solamente puede ir a un medio de arreglo que elija libremente o que consienta. Hoy las controversias no se pueden resolver por la fuerza, pero hay modos como la mediación, un arbitraje, un arreglo judicial. Quien no comprenda ese tipo de elemento, mal va a poder aplicar el Derecho Internacional. — Habló de la obligatoriedad de los Estados. ¿Cómo ve el principio de la buena fe en esto? — Es un principio fundamental, un parámetro de conducta. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos dice que éstos deben ser observados y cumplidos en buena fe. Es decir que este principio está siempre ahí. ¿Qué ocurre?, pues que se presume la buena fe. Como la inocencia, hay que probar que no hay buena fe; esa prueba es a menudo difícil porque puede confundirse con la mejor defensa de los intereses de un sujeto y no necesariamente con una intención dolosa de violar obligaciones internacionales; pero digamos que en términos tanto teóricos como prácticos, la buena fe puede ser invocada. Otra cosa es que sea probada la mala fe. Por otra parte, no siempre es necesario, porque si pruebas el hecho ilícito ya no hace falta probar la mala fe; la mala fe va a ser necesaria para determinar por qué una determinada situación que en sí misma no se puede calificar como ilícita, es ilícita por mala fe. Pero sí, es un principio presente continuamente, porque además inspira muchas cosas. — ¿Puede hablar de la jurisprudencia relativa a los actos unilaterales entre Estados? — Por vía no convencional está el Estatuto de Groenlandia, que pertenece a la época de la Corte Permanente de Arbitraje (durante la Liga de las Naciones, en la década de 1920). La Corte Permanente no era, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, parte de la 16 propia Sociedad de Naciones. La Corte Internacional de Justicia hereda la Corte Permanente y su jurisprudencia es tenida en cuenta. También tenemos el caso de los ensayos nucleares. Nueva Zelanda y Australia contra Francia. — En el caso de Francia contra Nueva Zelanda y Australia llama la atención que se sentenció por una declaración en los medios de comunicación. — Aquí lo que se busca es la determinación de una voluntad de Estado que se puede imputar; el soporte de esa voluntad da igual sea el que sea, sea un comunicado de prensa o una declaración en un medio. Depende de que se llegue a la conclusión de que la persona que está hablando tiene la capacidad para representar un Estado con la intención de comprometerlo. Si se prueba eso, se asume la obligación, porque la buena fe obliga a sacar esa conclusión y eso fue lo que sucedió con la famosa declaración Ilhen en el caso de Groenlandia y con las declaraciones francesas sobre los ensayos nucleares que han sido los más característicos al respecto (Su Ministro de Defensa dijo en la televisión que no haría más pruebas nucleares en el archipiélago de Mururoa). Luego se ha creado una línea amplia de aceptación de que no solo mediante tratados, sino mediante otro tipo de actuaciones, se pueden crear obligaciones internacionales. — En la doctrina de los actos unilaterales, un documento diplomático, sea nota u otro, ¿no debería tener más contundencia que una declaración en la televisión? — Hay que tener en cuenta que si hay notas diplomáticas intercambiadas, eso ya es un tratado, porque el tratado puede ser uno o más instrumentos, y no requiere ser llamado “tratado” para serlo. En los términos que recoge el Derecho Internacional general, y lo confirma la Convención de Viena, tratado es todo acuerdo, toda conjugación de voluntades de sujetos de Derecho Internacional, con la voluntad de producir efectos jurídicos, sea cual sea su denominación. Por tanto, un canje de notas es un acuerdo, es un tratado, y ahí se aplica el derecho de los tratados. — ¿Hay más peso que en el caso de Francia, que pierde por una declaración a la prensa? — Sí, sí. En el caso de Groenlandia igual. Por otra parte, los tratados pueden combinarse con los actos unilaterales porque muchas veces, después de un tratado, hay una secuencia de actos conformes a ese documento o ha habido una anticipación de lo que se convierte en un tratado mediante promesas o actos unilaterales, es decir que se pueden combinar perfectamente los actos unilaterales con los tratados. — ¿La omisión, el silencio, también son actos unilaterales? — El silencio puede entenderse como aquiescencia y, por tanto, compromete al sujeto internacional en la medida en que por las circunstancias en las que se encuentra, tendría que protestar, pero guarda silencio; ese silencio, cuando pasa el tiempo, se convierte en aquiescencia. — Tengo entendido que ustedes son abogados que no representan a quien les pague, sino que deben creer lo que defienden. — Hay de todo en la viña del Señor. Pero yo debo señalar que si acepto ser abogado de una parte es porque creo en su causa, tengo que creer, porque es la única forma de trabajar en profundidad y con convicción en un caso. Hay que tener en cuenta que el origen profesional de la mayoría los abogados internacionalistas ha sido la academia porque antes no era un ámbito que compensara a un bufete como para que tenga especialistas, eran casos muy singulares. Por otra parte había pocos tribunales que se ocuparan de las diferencias entre Estados. — No ve con buenos ojos a los grandes bufetes. 17 — En un abogado cuyo origen es la academia prima la independencia y un sentido ético de las cosas superior. Por otro lado, había 150 posibles clientes, evidentemente había un mercado muy reducido. Eso ha ido variando a medida de que la actuación del Estado se ha ido ampliando y entrando en contacto con este raciocinio entre Estados. Ha ocurrido que los grandes bufetes internacionales han visto que hay un sector para aprovechar. Yo no formo parte de ningún bufete, trabajo de una forma artesanal. Hay otro elemento interesante, la capacidad de un profesional es limitada, porque un día tiene 24 horas y no se puede desdoblar. Ocurre que si empieza a asumir en su carrera más casos de los que puede dar salida, la calidad de su trabajo baja o tendrá que subcontratar. Hay que tener cuidado con eso. Yo me alegro de haber vivido la época de los abogados internacionalistas, a los que se los iba a buscar en su despacho, que no tenían que ver con el ejercicio de la abogacía en términos clásicos, como una especie de sector determinado dentro de un bufete. Pero respeto también ese planteamiento, que no me concierne. Datos Nombre: Antonio Remiro Brotóns Nació: 17-IX-1945. Profesión: Abogado Internacionalista Cargo: Abogado de Bolivia en la CIJ Perfil Antonio Remiro Brotóns nació en Elche, España en 1945. Es asesor externo en temas internacionales de España, representó a distintos países en litigios de la Corte Internacional de Justicia. De una amplia trayectoria académica en la docencia y la escritura de textos. Fuente: La Razón 15.04.2015 (Suplemento Animal Político) 12. Actos unilaterales como fuente de obligaciones internacionales, por Erich R. Kuhn Poppe El 24 de este mes se cumplen dos años de presentada la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la cual se respalda en actos unilaterales y comportamientos de los Estados con efectos vinculantes, como ser "convenios, prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones” asumidos por altas autoridades chilenas que fundan la obligatoriedad -para ese país- de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia. En este contexto, es importante explicar el significado de los actos unilaterales como fuente de obligación internacional reconocida por el derecho internacional actual. Antonio Remiro Brotons, en su libro Derecho internacional público, nos dice: "El fundamento de los efectos jurídicos de los actos unilaterales de los Estados se encuentra en los principios de soberanía –que sustenta su capacidad para asumir obligaciones internacionales unilateralmente-, buena fe y confianza recíproca, esenciales en todos los órdenes, pero en el internacional, dadas sus características indispensables”. Aunque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (art. 38) no lo menciona, desde 1933 la CIJH los consideró como fuente del Derecho Internacional (DI). Como ejemplo de ello puede mencionarse el litigio entre Dinamarca y Noruega con el Estatuto Jurídico de la Groenlandia Oriental; el caso entre Francia, Nueva Zelandia y Australia en 1974, respecto a los Ensayos Nucleares en el que la CIJH, al analizar diversas declaraciones de altas autoridades de Francia determinó que "las declaraciones que revisten la forma de actos unilaterales y afectan a situaciones de derecho o de hecho pueden tener como efecto crear obligaciones jurídicas”. Añadiendo, posteriormente, que "…cuando el Estado autor de la declaración tiene la intención de obligarse de acuerdo con sus términos, esta intención confiere a la declaración de carácter de un compromiso jurídico…”. 18 Existen otros ejemplos que también podrían mencionarse, dentro de los cuales la CIJH aplicó como fuente del Derecho Internacional los actos unilaterales, sentando jurisprudencia sobre la obligatoriedad de los mismos, como son los casos del templo Preah Vihear entre Camboya y Tailandia (1962), el de Libia contra Chad (1994) y el de Camerún versus Nigeria (1994). Las características de tales ejemplos pueden resumirse en: a) El reconocimiento, que es el acto por el que un sujeto de DI verifica la existencia de un hecho, situación o pretensión creada o sustentada por otro, aceptando los efectos que de ella se derivan; b) Renuncia, donde un sujeto de DI abandona un derecho o pretensión o reclamación a futuro; c) Promesa, que es el acto por el que un Estado se impone un cierto comportamiento de hacer o no hacer respecto de otro. Indudablemente, el régimen aplicable comprenderá: La imputación del Sujeto, declaración efectuada por las altas autoridades del Estado (Presidente y/o canciller); que la voluntad no sea viciada, sino libremente expresada de obligarse conforme al DI; que exista discrecionalidad de su emisión, no producto de la aplicación de una norma o de una obligación preexistente. Asimismo, se debe establecer la precisión del objeto, llevar a cabo publicidad o notoriedad de la declaración en forma de difusión general o puesta en conocimiento del beneficiario y, finalmente, Estanqueidad respecto a otras voluntades. Por otro lado, el estoppel, ligado a la teoría de los actos unilaterales, es una regla del derecho anglosajón que desconoce la facultad de afirmar o negar la existencia de ciertos derechos a quien anteriormente hubiera adoptado una conducta jurídica contraria a sus manifestaciones respecto de tales derechos. En otras palabras: en el Derecho Internacional significa que un Estado no puede negar o afirmar derechos que antes reconoció o negó. La figura supone tres comportamientos: un Estado en ejercicio de sus derechos crea una situación de confianza con otro Estado; luego, el segundo Estado basa su comportamiento en la confianza derivada de la actitud del primer Estado; por último, el primer Estado cambia de actitud, contradiciendo la situación que había creado y genera un perjuicio al segundo Estado. Por lo anteriormente explicado, es importante hacer notar que nuestro país ha utilizado la fundamentación legal internacional correcta para presentar la demanda marítima basada en actos unilaterales ante la CIJH, con respaldo en la jurisprudencia internacional, demanda que Chile intenta desconocer con el recurso de excepción preliminar de falta de competencia, ante su imposibilidad de demostrar jurídicamente la falta de solidez en la argumentación boliviana. Fuente: Página Siete 16.04.2015 (Erich R. Kuhn Poppe es diplomático y catedrático universitario) 13. Negociación directa, por Ramiro Prudencio Lizón Dentro de muy poco tiempo se efectuará la fase oral sobre la objeción incidental de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que planteó Chile. Luego habrá que esperar hasta fines de año para recibir el dictamen del tribunal internacional sobre dicha objeción. Mientras tanto, ¿qué puede hacer nuestro país respecto a su problema marítimo? Evidentemente continuarán los viajes de don Carlos Mesa al exterior, y eso es positivo, con el fin de hacer conocer la posición jurídica nacional presentada en nuestra demanda ante la Corte de La Haya. Sin embargo, esa actividad no es suficiente. Es menester comprender que no podemos dejar la cuestión marítima nacional hasta la finalización de la controversia presentada en la CIJ. 19 Eso puede durar unos tres o cuatro años, o más. En consecuencia, es indispensable buscar, al margen de La Haya, un entendimiento directo con Chile. Sabemos que en estos momentos no es fácil llegar a ello, ya que existe una fría y dura relación entre los dos gobiernos, acompañada además de críticas muy acervas de la prensa y de la opinión pública de ambos países. Hubo épocas similares a la actual, sobre todo después del desvío del río Lauca, en las que se consideraba que no había posibilidad de tratar el tema marítimo en forma bilateral. No obstante, pese a ello, los gobiernos del presidente Frei Montalva y del presiente Allende aceptaron conversar sobre el tema, porque comprendieron que en Bolivia se había terminado el furor patriotero causado por el Lauca y había gran interés en buscar un entendimiento con Chile. Hoy debemos hacer otro tanto. Dejar de lado los alardes triunfalistas que a nada conducen, y preparar una política de aproximación gradual, hasta llegar a un acercamiento entre los dos gobiernos. Apenas se obtenga esa conexión, se debería enviar un agente confidencial a Santiago, con el ánimo de hacer conocer al gobierno de la señora Bachelet la buena disposición nacional para conversar amistosamente y en forma reservada. En cuanto a la cuestión marítima, como se informó en otra oportunidad, en la reunión de consultas política realizada en Iquique, en noviembre de 2005, se llegó a una base de acuerdo que debería ser tomada muy en cuenta. Ésta consistía en la cesión de un corredor al norte de Arica, semejante al que había sido propuesto durante el gobierno del general Pinochet, en la llamada Negociación de Charaña. Es decir, una zona territorial desde Bolivia hasta el mar, con plena soberanía. En ese corredor se incluía el ferrocarril de Arica a La Paz, el aeropuerto de Chacalluta y la carretera Arica - Visviri -Charaña - La Paz. Respecto a la compensación por la entrega de dicho corredor, la delegación chilena argumentó que la única factible era la compensación territorial, es decir, un trueque de territorios, ya que no habría un solo chileno que aceptase reducir la superficie de su país. Sobre el llamado “veto peruano”, dicha delegación manifestó que era muy poco probable que los actuales gobiernos peruanos se opusieran a tan importante solución, la cual sería apoyada y festejada por todo el mundo. En la reunión también se trató el problema del libre tránsito entre Tacna y Arica. Para no interferir en ese tráfico, una vez que Bolivia recibiese el corredor, determinaría que la zona del mismo donde pasa la carretera y el ferrocarril de Tacna a Arica, fuese considerada como una especie de “zona de nadie”, o sea que la gente y la carga cruzarían por ese sector sin ninguna traba, sin ningún control aduanero ni policial; y Bolivia mantendría una gendarmería en el lugar solo para proteger ese tránsito. Si a esta base de arreglo se sumara la intención boliviana de vender gas a Chile, el cual es muy necesario para ese país y lo debe adquirir en zonas muy lejanas, entonces es muy posible que el actual gobierno chileno viese con buenos ojos un futuro entendimiento bilateral. Y la misma Corte de La Haya seguramente estaría muy dispuesta a escuchar a ambas partes para emitir un dictamen integrador que consolide plenamente la solución del problema marítimo nacional. Fuente: La Razón 19.04.2015 (Suplemento Animal Político) 14. Chile: del vacío político a la política del vacío, por Fernando Mires Bachelet no ha trazado las líneas que separan a enemigos de adversarios y de opositores. Los grandes problemas que recorren al mundo, pasan por su lado Como hace tiempo vengo pensando sobre el tema relativo a los vacíos en la política, leí con atención un artículo de Gabriel Boric y Carlos Ruiz titulado “El vacío político y el futuro de las luchas sociales” (El Mercurio, 13.04.2015) 20 Por supuesto, nadie está de acuerdo con todo lo que uno lee en un texto. No estuve de acuerdo por ejemplo con esa muletilla teórica de los chilenos de izquierda cuando le echan la culpa de todo al mercado, como si el mercado fuese una cosa y no un contexto de relaciones múltiples. Menos con ese recurso fácil de buscar alternativas en “un nuevo sujeto político” que nadie sabe donde está ni como puede aparecer. No basta decir tampoco que la sociedad ha cambiado sin decir cómo ha cambiado. Pero no voy a insistir en los desacuerdos. Me referiré en cambio a algo que parece ser fundamental, a saber: a que la política chilena en este momento acusa un vacío político. Boric/Ruiz no lo dicen pero se entiende así: un vacío político no es un vacío de poder. El poder en Chile está ocupado e incluso, sobreocupado. Nueva Mayoría no es sólo una coalición, es una macro coalición. Sin embargo, la representación gubernamental está muy lastimada debido a los escándalos financieros del hijo de la Presidenta. Pero aclaremos: Chile está lejos de ser uno de los países más corruptos del planeta. Aún contando escándalos recientes, no supera –no hablemos de Venezuela– a los que han tenido que vivir países europeos como Italia y España. El caso Dávalos aunque sería una gran noticia, no sería como en Chile un problema de vida o muerte. Y la razón es simple: en Chile la representación simbólica gubernamental es la única que permite sostener una coalición tan heterogénea y contradictoria como NM. El régimen chileno no siendo personalista está muy personalizado. Espero que se entienda esta diferencia. Para ser más precisos, no estamos frente a un significante vacío, como designaba Ernesto Laclau a las representaciones simbólicas populistas cuando éstas son tan opacas y difusas que impiden establecer una relación lógica entre representantes y representados. Estamos sí frente a una ausencia de significante o dicho en las palabras de Boric/Ruiz, frente a un vacío político. Doña Bachelet es, o ha llegado a ser, la representación de ese vacío. Ella misma es ese vacío. En el sentido de Boric/Ruiz, Bachelet no cubre el espacio que le corresponde asumir políticamente. En cierto modo ella ha sido condenada a ser sólo una eficiente administradora del poder. Como tal, su tarea principal es dejar contentos a moros y a cristianos. Ella, por lo mismo, no es una conductora; es una mediadora. Su poder político – ahí reside su paradoja trágica– está basado en la despolitización del poder. No existe, digámoslo drásticamente, la política de la señora Bachelet. Por eso su persona ha llegado a ser su política. De ahí que cuando algo falla en la persona o en su entorno todas las críticas se concentran ¡y con qué saña! en lo puramente personal. El vacío político chileno no es sólo un problema particular de la Presidenta. Es también el de una coalición que, teniendo un programa, carece de proyecto político. La transición hacia la democracia fue un proyecto del pasado. Hoy nadie sabe hacia donde transita el Gobierno. Es por eso que la lucha por el poder no aparece como un medio para lograr un objetivo, sino como “un fin en sí”. Luego, no han sido los casos de corrupción los hechos que han producido el vacío político, sino al revés, el vacío ha hecho posible que los casos de corrupción ocupen la centralidad del espacio político. Cuando no hay política, su espacio puede ser llenado con cualquier cosa: con los negocios, con la farándula, y no por último, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, con liderazgos demagógicos y autoritarios. Ya lo decía Aristóteles: “de la corrupción de la democracia, surgen los demagogos y los tiranos” No se trata por supuesto de volver a los tiempos de los grandes mesianismos. “La revolución en libertad”, “la revolución con vino tinto y empanadas”, “la revolución restauradora” son, afortunadamente, capítulos del pasado. Pero tampoco se trata de 21 convertir a la política en una práctica antipolítica, como hoy está sucediendo. De esa práctica, la presidenta Bachelet no es por cierto la causante, pero sí su fiel reflejo. Bachelet no ha trazado las líneas que separan a enemigos de adversarios y de opositores. Los grandes problemas que recorren al mundo, pasan por su lado. Si en Panamá tiene lugar una cumbre que consolidará los pilares del desarrollo político de la región en los próximos años, ella se ausenta, refugiándose en inundaciones y temporales. Si se le exige pronunciarse frente a violaciones a los derechos humanos en naciones con las cuales Chile tiene fuertes vínculos históricos, guarda silencio. Frente al proyecto de la derecha destinado a economizar a la política, no defiende con énfasis la propuesta de democracia social que ella cree representar. Nunca un claro no; nunca un claro sí. Su único interés parece ser que NM no se divida, olvidando que la política, para que exista, requiere, en determinados momentos, de la división, y la división de la confrontación. Bajo NM Chile parece estar volviendo a la condición prepolítica vivida por el país a comienzos del siglo XX, cuando un presidente como Don Ramón Barros Luco (19101915), quien inmortalizó el sándwich chileno que lleva su nombre, decía con mucha soltura: “En Chile hay dos tipos de problemas: los que se solucionan solos y los que no tienen solución”. Ese también podría ser el lema de la presidenta Bachelet. Fuente: Los Tiempos 19.04.2015 15. Papa Francisco: “Edificar la paz y construir puentes”, por Saúl Paniagua Flores El papa Francisco decidió visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay, países clasificados por la Asociación Latinoamericana de Integración como de “menor desarrollo económico de la región” y, por ende, periféricos del continente. El impacto de su visita pastoral a Bolivia en julio hizo que Chile se declare temeroso de su llegada y solicite adelantar su encuentro con la presidenta Bachelet para junio, cuando esta estaba fijada para diciembre. Si la alta diplomacia del Vaticano, gracias a sus atinadas gestiones, acaba de lograr el acercamiento de EEUU y Cuba en la VII Cumbre de las Américas, ¿cómo no hacerlo entre Bolivia y Chile? Mientras Bolivia justifica su demanda marítima en la “razón jurídica, verdad legal y buen sentido”, y Chile protesta porque esta conlleva “un resultado predeterminado de una negociación”, el papa Francisco afirma que, “para conseguir la paz, se necesita valor mucho más que para hacer la guerra”, y propone a los Estados “edificar la paz y construir puentes. Son los puntos de referencia de un camino al cual quisiera invitar a participar a cada uno de los países que representan”. La movida de los alfiles de Bolivia al Vaticano se gesta con el nuevo embajador designado en el Estado sui géneris de las 44 hectáreas de extensión, mientras que Chile prepara en los salones y pasillos de la Santa Sede la llegada anticipada para junio de su jefe de Estado. Sin embargo, el papa Francisco, argentino, conoce toda la temática porque desde 1958 y durante muchos años vivió y estudió en Santiago de Chile y estuvo en Bolivia como provincial jesuita. A dos años de asumir como el pontífice de casi dos mil millones de fieles católicos, los tres países periféricos del continente “del fin del mundo” –Ecuador, Bolivia y Paraguay– tienen la oportunidad única de, junto a Francisco, “edificar la paz y construir puentes” porque, como él nos dice, “al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar” Fuente: El Deber 21.04.2015 22 16. El debate sobre el mar, por Carlos Antonio Carrasco A medida que se acerca la confrontación oral que en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) librarán los agentes de Bolivia y de Chile, en cuatro turnos a partir del 4 de mayo venidero, arrecia también la polémica entre los actores principales de esa magna batalla jurídica. En ese escenario me correspondió protagonizar en pocos días discusiones sobre las variadas conjeturas que se tejen alrededor de la suerte que correrá la demanda boliviana ante la CIJ. En el almuerzo de confraternidad ofrecido por el Círculo de la Unión, mi ponencia sobre El estado del mundo, después de recorrer la veintena de conglomerados geopolíticos que existen en el planeta (desde el Daesh o Estado Islámico, hasta el grupo de Shanghái), el periodo de preguntas terminó indefectiblemente en la cuestión marítima. Con mayor pertinacia comparecí ante el consejo del Instituto Prisma, para opinar sobre la demanda nacional depositada en La Haya, alternando en aquel ameno conversatorio con una treintena de auditores altamente calificados que repasaron con erudita prudencia los probables traspiés del pleito que nos preocupa. En otra jornada, la Cámara Nacional de Comercio me invitó a disertar acerca del Tribunal Internacional de La Haya, bajo el rubro de “Análisis de sus fallos y la demanda marítima de Bolivia”, ocasión para alternar con una nutrida audiencia de abogados junto a la masiva asistencia de entusiastas estudiantes universitarios. Esa misma noche, el acucioso presentador John Arandia me recibió en su popular programa televisivo A todo pulmón para conversar sobre el mismo tema. En todas esas ocasiones recordamos que el primer juicio se trataba únicamente acerca de la competencia de la CIJ para considerar el caso, y que podría culminar en una de las siguientes tres opciones: la afirmativa, que complacería a Bolivia; la negativa, que satisfacería a Chile; o una tercera vía: que la Corte de La Haya se pronuncie sobre su competencia al cabo de examinar el fondo de la cuestión. Remarcamos la alta calidad del alegato boliviano que sustentará la presentación del docto agente Eduardo Rodríguez Veltzé, secundado por su equipo de juristas internacionales. Asimismo, valoramos los desplazamientos del vocero de la causa, el expresidente Carlos Mesa, para desmitificar los embustes chilenos. Sin embargo, se insistió en que esos esfuerzos no serán suficientes sin una sagaz gestión diplomática que monitoree cautamente la ruta de los 15 jueces que, al final de cuentas, son los únicos que decidirán el destino de impetración nacional. Para comprender mejor los pasos que siguen, a puerta cerrada, los 15 magistrados provenientes de otras tantas nacionalidades, culturas y lenguas disimiles, cuya información jurídica obedece a escuelas de pensamiento distintas, les ofrecí mi trabajo llamado Cómo se ‘cocina’ un fallo en la CIJ, en el cual se describe la secuencia formal e informal del conjunto de esos insignes togados para lograr elaborar el texto único que constituirá su sentencia definitiva e inapelable: el procedimiento escrito, la fase oral de los litigantes, el cuestionario con las dudas que producen los expedientes de las partes, las opiniones curiosamente anónimas primero y manifiestas después, el afloramiento de las tendencias mayoritarias y minoritarias, la tarea del comité de redacción, la primera versión del fallo, el debate interno de los jueces, la segunda versión corregida, el texto de compromiso y finalmente el voto oral y nominal sobre el veredicto, donde no se admiten abstenciones pero sí reservas. Todo ese periplo toma meses y a veces años, para permitir un estudio sereno de los legajos presentados por los querellantes, que contienen miles de páginas y copiosos anexos. El intercambio de opiniones con letrados y profanos sobre un tema que se ha convertido en la razón de ser de la nación ha avivado en mí la llama de la bolivianidad que me acompañará para observar, in situ (en La Haya), las históricas jornadas que se avecinan. Fuente: La Razón 25.04.2015 23 17. Eduardo Rodríguez: Chile duda de competencia de la CIJ mientras pide acatar fallo A una semana de la audiencia preliminar en que se tratará la objeción de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya planteada por Chile, Animal Político presenta la entrevista exclusiva con el agente de Bolivia en el máximo organismo de la justicia del sistema de las Naciones Unidas, Eduardo Rodríguez Veltzé. El agente del país en la CIJ remarca la paradoja que significa que expresidentes de Chile desafíen a Bolivia a acatar el fallo de ese tribunal y al mismo tiempo el Estado chileno intente desconocer la competencia de la Corte con una objeción preliminar... También habla de las nociones del Derecho Internacional en torno a los actos unilaterales, como la obligatoriedad y la buena fe. — El 5 de mayo es feriado en Holanda (una de cuyas ciudades es La Haya, sede de la CIJ). Lo que significa que Chile hará su primera ronda argumental el 4 y Bolivia tendrá 24 horas más antes de plantear su contraargumento del 6, ¿en qué medida se puede aprovechar esto? — Es solo una coincidencia interesante, no hay una relación de causalidad entre una y otra cosa; la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas y tiene un estatuto particular, absolutamente independiente de las condiciones del Estado anfitrión o de quienes concurren a ella. — Lo cierto es que si no hubiera este feriado, Bolivia contraargumentaría al día siguiente del 4 y no el 6 de mayo. — Es una coincidencia en el calendario de la Corte, nada más. — ¿No se puede hablar de ventaja aún sea una coincidencia? — No, es un calendario que está establecido hace meses; no tiene ninguna otra connotación, menos una política. — Ésta es la recta final hacia la audiencia preliminar. ¿Cómo se siente ante un momento tan importante? — Es importante destacar que las audiencias orales son un espacio más de un proceso más complejo. Nosotros, el equipo boliviano, trabajamos desde hace más de un año en el curso de la demanda, luego sobrevino la objeción preliminar de Chile, que tomó un tiempo adicional para responder y preparar las observaciones escritas. El equipo de Bolivia cuenta con una capacidad institucional organizada, compuesta por la Cancillería, el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, la Procuraduría, Diremar (Dirección de Reivindicación Marítima), abogados nacionales y los abogados internacionales (presentados el lunes 14 en Santa Cruz). El equipo está preparado para las audiencias orales, a las que se ingresa con plena confianza. — La obligatoriedad de la negociación fue recientemente aludida en Nueva York como fundamental para el Derecho Internacional, ¿cómo ve este principio en una suerte de “estado de la cuestión”? — La referencia a este tema fue realizada por el representante de la delegación francesa en las Naciones Unidas, al conocer el informe anual de la Corte Internacional de Justicia, lo que generó alguna susceptibilidad en Chile y mereció una aclaración por el Embajador de Francia en ese país en un importante medio de Santiago. Bolivia ha invocado este concepto (obligatoriedad de la negociación) en su demanda como una fuente del Derecho Internacional, un desarrollo del Derecho Internacional expresado no solamente en los lineamientos de la Comisión Sexta de las Naciones Unidas, sino también en precedentes que han sido elaborados por la propia Corte Internacional de Justicia. Esta fuente del Derecho, como otras, es relevante en estos casos. 24 — ¿Cuán constitutivo de las relaciones internacionales es el citado principio de la obligatoriedad de negociar? — La obligación de negociar encuentra una virtud en el carácter pacífico que entraña que las partes en disputa puedan conversar y llegar a determinados acuerdos; eso, por sí mismo, vale más que la superada política de acudir a contenciones bélicas. Yo creo que está fuera de toda duda que la negociación, el diálogo, es una de las herramientas más útiles que tiene la humanidad para resolver los conflictos, por eso que se fue consagrando con mayor sofisticación en el ámbito del Derecho Internacional. — La razón de ser de la CIJ es evitar el conflicto bélico, dicho de modo prosaico; entonces, de alguna manera, ¿la obligatoriedad de negociación sería otro de los principios de la Corte? — No podemos afirmar que es un principio o una obligación específica de la Corte. La obligación de negociar es una fuente del Derecho Internacional, como son otras, y las partes que acuden ante ella pueden invocarla; una demanda puede tener relación con ella y la Corte puede resolver si los argumentos sobre esta obligación tienen el mérito suficiente para atender y resolver una causa. — ¿Podría dar una precisión conceptual de “acto unilateral”? — El Derecho Internacional ha incorporado la noción de que determinadas actuaciones de los Estados, cumplidas por funcionarios o personeros con determinado nivel de autoridad o de representación pública y que se emiten de buena fe, comprometen los contenidos y la conducta de ese Estado. Es decir que son una suerte de garantía de que las declaraciones o promesas también pueden tener un efecto jurídico vinculante. Éste es un desarrollo que procura que los Estados sean serios cuando tienen relaciones que comprometen su disponibilidad sobre un asunto, es esa seriedad la que procura garantizar el Derecho Internacional. El Derecho Internacional ha recuperado este concepto a través de los precedentes y desarrollos de principios generales. — ¿Cuál es la relación del estoppel (doctrina jurídica, impedimento de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad) y el acto unilateral? — Tienen una relación próxima. El estoppel es una suerte de remedio judicial de tradición iniciada en jurisdicciones domésticas para actuaciones unilaterales, aunque luego el Derecho Internacional absorbe esta posibilidad. Tiene la característica de garantizar a la parte agraviada que determinadas conductas que ofrecían ciertos derechos u ofrecimientos realizados en su favor puedan ser reconocidos, atendidos y, en su caso, reparados por una autoridad judicial. — La buena fe es otro de los fundamentos del Derecho Internacional, más la obligatoriedad de la negociación y los actos unilaterales; todo se vincula. — La buena fe es un componente esencial en esta teoría de los actos unilaterales, que es además consustancial con la obligación de negociar. Si dos partes tienen el propósito de resolver una diferencia y que ésta llegue a término, deben estar imbuidos de la mejor buena fe. Ésa es la mejor garantía de que sus compromisos llegarán a buen término. — Algunas autoridades chilenas han desafiado a Bolivia a cumplir el fallo que emita la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál su criterio? — Bolivia ha acudido ante la Corte Internacional con el convencimiento de que ambos países reconocen plenamente su jurisdicción en virtud del Pacto de Bogotá, pero el país que tiene reparos sobre la competencia de la Corte es Chile, de manera que son las autoridades chilenas las que deben ponerse de acuerdo primero si admiten esa jurisdicción antes de especular sobre el contenido de una decisión o poner en duda su cumplimiento. Insisto en 25 que Bolivia es respetuosa del tribunal y de sus decisiones, por ello los argumentos serán presentados en ese espacio y no corresponde debatirlos a través de los medios. Perfil Nombre: Eduardo Rodríguez Veltzé Nació: 12-III-1956 Profesión: Abogado Cargo: Agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia Carrera Eduardo Rodríguez Veltzé estudió Derecho e hizo su máster en Harvard. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tras la renuncia de Carlos Mesa en 2005, asumió la presidencia de Bolivia por una sucesión constitucional inédita, en su calidad de autoridad máxima de la Corte que presidía. Su mandato debía abocarse a llamar a elecciones en los plazos establecidos y así lo hizo. En 2013 fue nombrado agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda). Fuente: La Razón 26.04.2015 (Suplemento Animal Político - Entrevista) 18. Claroscuros de los legisladores en la reivindicación marítima, por Mónica Arrien del Carpio Sin duda, las tareas que ha desempeñado el Poder Legislativo a lo largo de la historia han influido en la situación en que se encuentra hoy la reivindicación marítima nacional. De una posición dubitativa y fragmentada, asumida en los años de la Guerra del Pacífico, el Poder Legislativo llegó a una posición de defensa férrea de los intereses marítimos bolivianos, por encima incluso de las diferencias de signo político. Oscuro 20 de octubre de 1904. En su libro Por la astucia o por la fuerza, Ramón Rocha Monroy asevera que el Tratado de 1904 “fue impuesto por los liberales gobernantes en Chile a los liberales gobernantes en Bolivia, a espaldas del pueblo boliviano”. Quien fuera embajador chileno en La Paz, Abraham Kônig, presentó las bases de un tratado de “paz y amistad” que establecían el dominio de Chile sobre los territorios ocupados después de la invasión, algunas compensaciones económicas y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Hubo 30 sesiones en el Congreso para discutir el Tratado de Paz de 1904, el que finalmente fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. “Eso era aplicar el rodillo parlamentario sin consultar al pueblo boliviano”, dice Rocha Monroy. Quienes se opusieron a la firma, fueron: Pastor Sainz, Miguel Ramírez, Primo Arrieta, Domingo L. Ramírez, Luis de Argandoña, José Manuel Ramírez, Román Paz, Juan Manuel Sainz y Fernando Campero, todos representantes del sur del país. Asimismo, el escritor Roberto Querejazu Calvo afirmaba que “la proposición chilena que acabó de convencer a los líderes liberales, en su mayoría paceños, a favor de un tratado de paz sin puerto propio para Bolivia, fue un ferrocarril que uniese su ciudad natal, la más populosa y próspera de la república, con Arica (…) todos quienes apoyaron el Tratado de Paz y Amistad con Chile actuaron dominados por una mentalidad ferrocarrilera (…) El Gobierno llegó al convencimiento de que una red de ferrocarriles era más importante que un puerto y que bien valía la pena cambiar éste por aquélla”. Se puede inferir de estas líneas que el Congreso boliviano de 1904 tenía una visión marcada por consideraciones de tipo mercantil-económico, estando ausentes visiones más amplias sobre geopolítica y viabilidad del país, e incluso de soberanía y autonomía nacional en un nuevo escenario mundial que comenzaba a configurarse alrededor de la Revolución Industrial. 26 Soborno El historiador y documentalista Pablo Michel Romero refiere, en base a estudios históricos y arquitectónicos, que muchas de las mansiones que adornan actualmente la avenida 6 de Agosto han sido producto de sobornos del Gobierno chileno a algunos legisladores, para que éstos aprueben la firma del “acuerdo” que cerraba toda posibilidad de un acceso soberano al mar para Bolivia. “Es importante decirlo, en la avenida 6 de Agosto empiezan a crecer mansiones con diputados y senadores que habían votado a favor del Tratado de 1904, un mudo testigo de la corrupción. Es delicado, pero así se han dado los hechos. En la firma de 1904 hubo corrupción de algunos malos legislativos”, afirma Michel. Por su parte, el abogado e investigador Víctor Hugo Chávez afirma que “el Parlamento se comportó en la línea del presidente Hilarión Daza, empero los intereses en pugna, principalmente de los conservadores, que respondían a los intereses de la plata, viraron para confabular la sucesión vía el golpe de Estado efectuado en Oruro en diciembre de 1879, para deponer al presidente Daza por Eliodoro Camacho y luego entregar el mando al conservador Narciso Campero. Tras el cambio de correlación de fuerzas y el empuje económico de La Paz, el puerto de Arica fue predominante para la exportación de estaño, actividad que correspondía a los liberales, por ello que en la firma del Tratado de 1904 el tramo principal de vinculación es el ferrocarril Arica - La Paz”. Con todos estos datos, se puede colegir que la visión de los congresistas de la época era inmediatista; con intereses económicos (hasta personales) de por medio y bajo el entendimiento de que solo un país extranjero podría brindarnos un elemento de desarrollo, como el ferrocarril ofrecido por Chile. Javier Murillo de la Rocha, abogado internacionalista, al respecto señala que a lo largo de los años la gestión diplomática en torno al mar ha tropezado con una fiscalización obstruccionista del Legislativo: “eso ha restado fuerza a muchas gestiones que se han realizado en el pasado, porque ha mostrado fracturas en lo que piensa y plantea el Poder Ejecutivo y lo que piensan los miembros del Parlamento, en muchas ocasiones no se ha logrado una unidad de criterios y eso ha debilitado tremendamente la gestión internacional del país en este tema concreto”. Durante la época neoliberal, la línea se repitió, los afanes de acercamiento con el país vecino se debía a intereses económicos inmediatistas. Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Poco más de cien años después, la historia no ha dejado huellas solo en los libros, sino también en la conciencia nacional, es por eso que, después de varios intentos fallidos de Bolivia por efectivizar su reivindicación marítima, el 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anuncia la decisión de acudir ante tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo del país. “Definitivamente, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya marca el momento más álgido e importante, tanto para Bolivia como para Chile; Chile está invirtiendo una tremenda cantidad de dinero, ha reunido grandes hombres en Derecho Internacional, porque saben que se ha llegado a un momento pico”, afirma Michel. Hoy, la óptica de la Asamblea Legislativa Plurinacional se centra en rescatar la dignidad nacional con soberanía, convencida de que Bolivia no está pidiendo ningún favor a Chile, con el descubrimiento cotidiano de que el pueblo boliviano puede hacerse cargo de su desarrollo con planificaciones a largo plazo. Hoy Bolivia no precisa de injerencia extranjera para lograr que su gente aprenda a “Vivir Bien”, para lograr que la conciencia nacional sea plenamente soberana y digna. Pacto. Días después de que el presidente Evo Morales anunciara impulsar un juicio internacional contra Chile, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un 27 proyecto de ley que ratificó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá, un instrumento necesario para viabilizar la demanda ante La Haya, con lo que demostraba su compromiso con la reivindicación marítima. Asimismo, los legisladores de ambas cámaras asumieron la responsabilidad de participar en la campaña internacional para justificar los motivos de la decisión boliviana ante el mundo entero. De a poco, las posturas de la oposición cambiaron, al entender que la demanda internacional significaba el único intento serio del Estado ante las reiteradas negativas de Chile de conversar seriamente sobre nuestra causa marítima. Mar para Bolivia. La labor para llegar hasta la instancia actual de la demanda boliviana ha sido ardua; se trata de tareas coordinadas entre los diferentes niveles de la estructura política estatal. Según Flora Aguilar, parlamentaria supraestatal designada al Parlamento Andino, su rol legislativo en la causa marítima se centra, fundamentalmente, en socializar el pedido de reivindicación en toda palestra internacional y nacional posible. “Nuestra tarea fundamental es llevar El Libro del Mar a todos los eventos que tengamos como parlamentarios, para poder repartirlo, informar y socializar el texto, con el fin de conseguir el apoyo correspondiente en beneficio del pueblo de Bolivia, trabajamos en coordinación con Diremar y con el vocero oficial de la causa marítima, Carlos Mesa”, informa Aguilar. Fuente: La Razón 26.04.2015 (Suplemento Animal Político) 19. No más: “entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”, por Carlos D. Mesa Gisbert Desde que, en 1910, Daniel Sánchez Bustamante estableciera la doctrina de Bolivia de reivindicar un acceso soberano al mar, al margen del Tratado de 1904, doctrina que no hacía sino recoger la de Domingo Santa María: "… no podemos ahogar a Bolivia … debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo …”, Chile hizo muchas ofertas oficiales en las que se comprometió solemnemente a negociar con Bolivia para darle una salida soberana al océano Pacífico. Su lógica fue la cápsula de la bilateralidad, el dogal de una negociación en la que nadie pudiese decir una sola palabra ni ofrecerse como facilitador y ni digamos como mediador. Chile hizo cuestión de Estado y trabajó con denuedo para evitar "injerencias” en esa negociación bilateral. La base de su dureza y de su seguridad era la hipótesis de que el Tratado de 1904 cerraba toda opción a Bolivia de salirse de ese estrecho callejón sin salida en el que nos había confinado. Cuando Bolivia anunció que acudiría a un tribunal internacional, en Santiago supusieron que intentaríamos cuestionar parcial o totalmente el Tratado de 1904, y asumieron que Bolivia iba a otro callejón sin salida. Una vez presentada nuestra memoria de demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Chile se dio cuenta de que nuestro fundamento jurídico estaba muy lejos del Tratado. Entonces, el escenario cambió 180 grados para una diplomacia que se había anclado en una certeza: atrapados en la bilateralidad, los bolivianos no teníamos ninguna opción que no pasase por Santiago. No pensaron nunca que la base argumental boliviana iba a apoyarse en otra piedra angular, la propia política exterior chilena sostenida entre 1920 y 1983. Los actos unilaterales de Chile, sus reiterados compromisos, la solemnidad de sus promesas, todos ellos incumplidos. Bolivia, por primera vez, rompía el cerco e incorporaba, no a un tercero, sino al máximo tribunal internacional de justicia de las Naciones Unidas y, ¡oh sorpresa!, no basaba su 28 demanda en el Tratado de 1904. Lo que parecía imposible ocurrió. No más: "entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”. A partir de esa realidad, Chile se vio obligado a cambiar de estrategia. Bolivia, liberada de esa traba, aparentemente infranqueable, comenzó a explicarle a la comunidad internacional la realidad de su demanda, sus fundamentos jurídicos y las razones esenciales por las que pide un acceso soberano al mar, aunque éstas podrían no existir sin disminuir un milímetro la obligación jurídica de Chile de sentarse a negociar con Bolivia. Ocurrió lo que Chile no hubiese querido que ocurra: verse forzado a explicar por qué se niega a darle a Bolivia un acceso soberano al mar que sus propias autoridades, a lo largo de casi un siglo, se comprometieron a negociar. Ante la fortaleza argumental boliviana, la diplomacia trasandina no encontró otro camino que intentar cambiar de escenario. Dado que sus compromisos unilaterales son tan evidentes, y es tan contundente el contenido de su promesa de "negociar con Bolivia, para darle un acceso soberano al mar”, dicen que en el fondo Bolivia objeta el Tratado y pone en serio riesgo el sistema jurídico internacional en el que se apoya la estabilidad fronteriza mundial. El anuncio de la llegada de un "próximo apocalipsis” da una idea de cuán complejo es el asunto para Chile. En la antesala a los alegatos orales, que para Chile son el verdadero juicio de fondo, sus autoridades juegan a doble mano: por un lado la preparación de su alegato y, por el otro, la preparación de su opinión pública. Necesitan generar tranquilidad en sus ciudadanos, necesitan mostrar seguridad, necesitan proyectar la idea de que Bolivia no las tiene todas consigo, que decimos una cosa y hacemos otra, que nuestra debilidad argumental será contrarrestada con la intemperancia de quien no se atreve a decir que aceptará los fallos de la CIJ. Sin ningún reparo. Chile invierte los términos, pretende que el país que ha hecho la demanda responda si está dispuesto a acatar los fallos de la CIJ, sugiere que las autoridades bolivianas no quieren ser claras en la cuestión. Que quede claro: Bolivia ha presentado una demanda ante la CIJ porque cree que es el organismo idóneo para resolver pacíficamente diferendos entre Estados y porque cree que falla en derecho. ¡Sí! La respuesta es inequívoca. Bolivia se someterá a los fallos de la CIJ, en plural, porque está convencida de que la Corte se declarará competente y porque está convencida de que llegaremos al debate de fondo: la obligación de Chile de cumplir sus compromisos de negociar con Bolivia. Chile debe ceñirse a las bases jurídicas de su demanda. No tiene caso generar equívocos sobre la clara postura boliviana. Chile, que objeta la competencia de la CIJ, es el país que debe responder si, como dice, respeta por encima de todo el derecho internacional. Nuestra duda es razonable, durante décadas incumplió sus compromisos unilaterales. Es legítimo preguntarse si ante un fallo de la CIJ, que declare que Chile se obligó a negociar con Bolivia, esta vez sí hará lo que no hizo desde 1920. Fuente: Página Siete 26.04.2015 (Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia) 20. La obligación de negociar, por Agustín Saavedra Weise La negociación es un proceso de convergencia entre partes con el fin de llegar a un entendimiento. El acuerdo logrado (puede llamarse contrato, convenio, pacto, tratado) es el resultado final de la negociación. La obligación de negociar es fundamental entre actores del sistema internacional. La Carta de las Naciones Unidas señala la necesidad de que los estados miembros solucionen pacíficamente sus controversias. En octubre de 2014, el director jurídico de la Cancillería 29 francesa, François Alabrune, al mencionar casos tratados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) citó la demanda boliviana. El abogado galo expresó: "Este año nos permitió una vez más apreciar la diversidad de ámbitos de los que la Corte termina ocupándose. Entre las controversias inscritas cuatro se refieren a aspectos relativos a la obligación de negociar, a saber, las tres solicitudes de las Islas Marshall para los procedimientos que tienen que ver con las negociaciones para poner fin a la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear; y la causa de Bolivia contra Chile relativa a la obligación de negociar el acceso al océano Pacífico. La obligación de negociar se presenta, por lo tanto, como una de las piedras angulares del derecho internacional público…” El embajador de París en Chile, Marc Giacomini, al difundirse estas declaraciones –recién en marzo pasado– envió una carta a La Moneda explicando las circunstancias del caso y afirmando la neutralidad de Francia. Ello no quita valor cualitativo a lo declarado: un jurista de renombre expresó que la obligación de negociar es básico en el derecho internacional. Y negociar es lo que se quiere con Chile, sin modificar el Tratado de 1904, pero esta vez negociar con miras a una solución definitiva del enclaustramiento. La demanda solicita que la CIJ exija a Chile la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al mar sobre la base de compromisos que el propio Chile asumió en varias ocasiones. No es nada “hostil” lo nuestro, es lo mínimo frente a tanto incumplimiento en el pasado. Como habitualmente sucede, la dirigencia chilena –tan lúcida en muchos aspectos– pierde la cabeza al tratar el problema marítimo y se autopractica una peculiar lobotomía, expresada mediante lenguaje agresivo, fingida indiferencia, petulancias diversas, etc. En fin, iniciado el proceso negociador –que confiamos instruirá la CIJ en el futuro una vez deseche la objeción preliminar de Santiago–, será posible concertar acuerdos con el vecino para acceder al mar y marchar juntos en el futuro. La obligación de negociar es un pilar jurídico que nadie en el mundo puede ni podrá ignorar Fuente: El Deber 26.04.2015 21. El mar escondido, en otra fase crucial, por Mario Castro Una herida profunda rasgó la piel de América. Una llaga más que centenaria lastima a más de nueve millones de hombres y mujeres y condena al ostracismo a una geografía ávida del mar usurpado. El envejecido silencio no hizo que la mirada plural de la patria convaleciera en las aguas despojadas. En todo el territorio la expresión de reclamo es absoluta. El silencio se ha convertido en grito. Un pueblo no perdió la voz en el decurso de este ingrato tiempo. Ahora se avanza en la demanda oficializada hace de un par de años en la ciudad holandesa de La Haya, sede del máximo tribunal de justicia de la humanidad, establecido para la solución pacífica de controversias entre Estados, puesto que después de haber aceptado la demanda boliviana, esta vez abrirá sus puertas para otra instancia, a fin de continuar el tratamiento del delicado caso. Por lo anticipado, vivimos una expectativa, como pocas, en el país. Llegará la fase oral del proceso de la demanda de nuestra reivindicación marítima. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que debía revisar su competencia en el problema, repasará los alegatos que se presentarán sobre este asunto, de enorme interés particularmente para nosotros dentro de pocos días. Chile está convocado a presentar sus alegatos orales los días 4 y 7 de mayo próximo y Bolivia el 6 y el 8 del mismo mes. Tratándose de un tema de suprema importancia, el Primer Mandatario ha invitado y reunido a un grupo de prestigiados expertos de cuatro nacionalidades, a cuyos integrantes avalan hojas de vida de notable experiencia: Antonio Remiro, español; Mathías Forteau y Monique 30 Chamilier, franceses; Payam Akhavan, iraní; Vauham Lowe y Amy Sander , ingleses. Ellos sumarán sus conocimientos al equipo que encabeza el expresidente Eduardo Rodriguez Veltzé, conformado por destacadas personalidades bolivianas. Para afinar los alegatos, que serán presentados en La Haya, también se tiene previsto convocar a excancilleres del Estado, actitud que revela un acierto para agregar un alto valor a la argumentación que exige el tema. Sin duda que la etapa que se espera, así como el planteamiento primordial, tendrá eco ya que se ha visto que, en la pluralidad de conferencias y foros internacionales, se produce un pleno reconocimiento al derecho histórico de Bolivia a recuperar una salida soberana al océano Pacífico, confirmado por el vocero de nuestra causa, el expresidente Carlos Mesa. En tanto, Chile ha insistido en mantener la política del embuste. Con gastados argumentos porfía en que no hubo invasión y que los tratados son irrevisables, cuándo se ha aclarado, hasta el cansancio, que el Tratado de 1904 no se ha incluido ante la CIJ. Las argucias chilenas frente a la evolución del derecho internacional público, bajo la influencia de la vocación integracionista, viene a ser apenas una maniobra ante el apoyo masivo que merece el reclamo boliviano. Penosamente, alguna prensa chilena, que no es ajena al propósito artero, recomendó varias veces responder al planteamiento boliviano "con destreza política y habilidad diplomática”. Los distintos gobiernos de Chile siguieron, invariables, esa línea. Actualmente se dice que el tema va camino hacia el mar. Que el nuevo gobierno de Michel Bachelét, con mayor comprensión del problema y por estar a distancia del dictador Pinochet, quien negó toda posibilidad de salir del encierro, podría flexibilizarse, (a pesar de experiencias que nos enseñaron desconfianza), sobre todo ahora, en una etapa de fluidos contactos entre los Estados de la región, cuyo objetivo último consiste en encontrar las fórmulas más aptas para construir instrumentos de entendimiento e integración. Más de 100 años de injusticia tienen que ser clausurados, más que por la cantidad de años transcurridos por la frustración con que vivimos. La Cancillería boliviana, con la iniciativa de consultar el criterio de otros calificados ciudadanos, hace bien al trabajar en ese campo, tomando rigurosamente en cuenta el derecho de todos los bolivianos a estar enterados de cuanto el Gobierno se propone hacer, en ésta como en otras materias, que son de su interés directo. La jornada augural puede estar próxima si sabemos construirla. Si se dan las posibilidades de la liberación del mar cautivo. El mar no es una ansiedad lírica, es una necesidad biológica de las naciones. Podrá seguir el apoyo internacional, pero no tenemos que esperar ese día, sino caminar hacia él. El apresto para nuestra marcha tiene que ser uno de unidad y determinación para ser dignos de la historia. Fuente: La Razón 27.04.2015 (Mario Castro es periodista) 22. Demanda marítima y plan “B”, por Moira Sandoval Los alegatos del 6 de mayo para convencer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que determine la obligatoriedad de Chile a negociar con Bolivia, además de la argumentación jurídica con precedentes internacionales -del dominio de los asesores expertos en litigios marítimos- deberán incluir los antecedentes del despojo marítimo, así como datos históricos de la época posterior al Tratado de 1904, consolidado al haberse vencido el plazo de revisarlo, en virtud a la disposición transitoria novena de la Constitución Política del Estado. Habiendo revisado la demanda interpuesta sobre la Corte Internacional de La Haya, es menester aclarar que dicha acción jurídica plantea la aspiración de Bolivia de negociar con 31 Chile para reivindicar derechos sobre su acceso al mar, basándose en los derechos expectaticios creados en las múltiples reuniones de mandatarios y cancilleres, así como en declaraciones de prensa de actores políticos y diplomáticos de ambos Estados. De la aceptación de la demanda, que será simultáneamente la denegación de la excepción de incompetencia interpuesta por Chile, se derivará el tratamiento de fondo de la misma. En caso de ocurrir, podrá ser considerado como una victoria -y publicitado por el Gobierno como tal-, aunque con eso, simplemente, tendremos la posibilidad de que Chile deba negociar forzosamente el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. Soy escéptica en este punto, pues de la negociación no se obtiene automáticamente el acceso -menos la soberanía-, peor sabiendo la habilidad, triquiñuelas jurídicas e irrenunciabilidad de Chile sobre sus territorios. Teniendo en cuenta que se viene dialogando, negociando y reuniéndose ambos países, por más de 100 años -sin resultados favorables a Bolivia- el hipotético escenario será difícil. Sin embargo, por el momento, nada está perdido. Tenemos la opción de aplicar el plan "B” -previsto en la misma demanda- que consiste en interponer la acción jurídica ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, prevista en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que, expresamente, señala que es la instancia competente para conocer y resolver las cuestiones que llegaren a suscitarse en la ejecución de dicho tratado. En mi humilde opinión, no soy expresidente ni parlamentaria oficialista -sólo jurista-; lo mejor que podría pasar es que la Corte Internacional de La Haya declare su incompetencia, de manera que con eso se abriría el camino a una verdadera demanda internacional de reivindicación de territorios marítimos. Es buen momento internacional para hacerlo y, sinceramente, creo que ése es el camino. Así hizo Perú vs. Chile, sólo que sin tanto alarde. Su accionar fue meramente jurídico y no mediático. Al parecer, nuestro Gobierno apuesta a la presión política internacional y jurídica para influir sobre la decisión de los miembros de la CIJ de La Haya, para lo cual ha desarrollado una intensa campaña al mando del expresidente Mesa para generar adhesión en foros internacionales. Empero, pase lo que pase, tenemos la opción del plan "B” para una reivindicación marítima, pues de no actuar con habilidad y sensatez, probablemente se cerraría la opción de manera definitiva para la recuperación de un acceso soberano a los territorios usurpados. Citaré ejemplos de acuerdos acertados, como las negociaciones del Canal de Panamá, plasmadas en el exitoso Tratado Torrijos-Carter en 1977 para Panamá, o el precedente de la región administrativa especial de Hong Kong. Planteando imaginariamente el escenario de la negociación, por la ubicación estratégica de Bolivia, podría incorporarse elementos comerciales, como la integración de Chile con el mercado de acceso al Pacífico, lo que implicaría cambiar paradigmas y hacer una alianza comercial estratégica que redunde en el bienestar de ambos Estados, ya que sería ingenuo creer que Chile cederá a cambio de nada parte del territorio. Para decisiones visionarias de este tipo hace falta menos show y más inteligencia. La buena noticia es que estamos a tiempo de que se apliquen medidas así, una vez que Chile deba iniciar el diálogo. En esa fase deberá dirimirse cómo, cuándo y dónde será el acceso de Bolivia al Pacífico, lo que jurídicamente representa modalidades, plazos y condiciones que lo hagan posible. Una negociación hábil e inteligente, que pueda resolver algo pendiente por más de un siglo. De ahí que cabe preguntarse: ¿vamos bien encaminados o debemos esperar el plan "B”? Fuente: Página Siete 28.04.2015 32 23. Heraldo Muñoz, letanía y anacronismo, por Willy Waldo Alvarado Vásquez La palabra letanía proviene del latín litania, muy utilizada en el ámbito religioso, significa una oración invocando a Jesucristo, la Virgen o a los santos como mediadores en una enumeración ordenada. En sentido despectivo no es otra cosa que aquella insistencia larga y reiterada, que de tanto repetirla puede resultar incómoda, de ahí la frase “No me vengas con esa letanía”. Desde la presentación de la demanda boliviana, el Canciller de Chile, expresidentes y la presidenta Bachellet, iniciaron una suerte de “romería”, primero interna y luego internacional, explicando su postura sobre la pretensión boliviana. Cada visita es acompañada de sendas declaraciones de prensa en las que Heraldo Muñoz reitera la misma argumentación que de tanto repetirla suena a letanía. En primer lugar, Muñoz afirma que la demanda boliviana amenaza afectar al tratado de 1904 y, por esta vía al sistema jurídico internacional referido a límites y fronteras, lo cual las regresaría a un estado anterior al del siglo XX. En segunda, reitera que “Bolivia goza de un irrestricto acceso al mar de manera no soberana”, en virtud del régimen emergente del tratado de 1904, por el cual Chile reconoció en favor de Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”, que sería muy superior al que actualmente reconoce la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) en favor de los Estados sin Litoral. La intención del Canciller chileno es persuadir a la comunidad internacional de que su postura es la correcta. Sin embargo, Chile está consciente de que el tratado de 1904 no resolvió el problema del acceso soberano de Bolivia al mar, y también de que la Convemar, más bien libera a Bolivia de una dependencia anacrónica de los puertos chilenos. Lo anterior nos lleva a aclarar que “Libre Tránsito Comercial” no es igual a acceso, y menos aún soberano, pues esto último significaría para Bolivia, mayores beneficios y libertades, como instalar un puerto propio y operarlo en forma independiente, una aduana con competencias plenas, soberanía comercial, presencia efectiva en la institucionalidad de la cuenca del pacífico, establecer una pequeña ciudad con servicios propios, un aeropuerto, una zona de playa, la posibilidad de realizar actividades marinas y, desarrollar toda una cultura oceánica. De eso y más se trata un acceso soberano, que es lo que Chile prometió en reiteradas oportunidades, y cuyo cumplimiento Bolivia busca lograr con su demanda ante La Haya. El canciller Muñoz, a tiempo de recitar sus letanías, ha manifestado también, que “más allá de lo que señala la historia y los claros hechos, el Gobierno de Chile está convencido de que el desarrollo de América Latina pasa en forma importante por erradicar los fantasmas del pasado y girar la vista hacia adelante (...)” que “Chile y Bolivia tienen pendiente el desafío de construir relaciones de futuro. Dejar atrás el siglo XIX para entrar definitivamente al siglo XXI”. Ya habrá oportunidad de exigirle que cumpla estos nuevos compromisos, pues esa es la sintonía que Bolivia espera independientemente de la Sentencia de la Corte. El autor es abogado, diplomático y docente universitario. Fuente: Los Tiempos 29.04.2015 24. Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya, por Gustavo Murillo Carrasco Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya Gustavo Murillo Carrasco Una conocida noción de diplomacia señala que aquellos Estados que carecen de gravitación en el plano internacional, ya sea por su limitada economía o por su escaso poder bélico 33 (entre otros factores), no tienen mejor instrumento a su alcance que una eficiente gestión a través de los agentes que operan su política exterior. En ese sentido, destacados diplomáticos bolivianos de amplia trayectoria (algunos aún con vida) insistieron y transmitieron, a las nuevas generaciones que ayudaron a formar, preceptos que sería menester revisar y aplicar en el caso de nuestro país, sobre todo en un momento como el actual, con un juicio instalado ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) contra Chile para resolver la demanda marítima. Más allá de la acertada estrategia paralela boliviana actual, conducida por su vocero marítimo, la relación entre Bolivia y Chile ha ingresado en un terreno impropio por el recurrente intercambio de declaraciones entre sus autoridades, en el que se advierte marcada altisonancia y, en ocasiones, torpes agravios que en ningún caso son buenos. Los dislates en un par de episodios han sido utilizados (de ambas partes) como pedestres herramientas para descalificar las posiciones y argumentos respecto al proceso, los mismos que deben quedar al margen de un asunto tan trascendental, principalmente para Bolivia. No es de esa manera como se ganarán simpatías ni se apuntalará nuestro reclamo; muy por el contrario, tales acciones contaminan e irritan en lo interno y en lo externo. Esa es una vía poco propicia. Después de todo, ¿no queremos que la CIJ falle a favor nuestro para luego sentarnos con Chile a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico de manera civilizada? Quienes inopinadamente se inclinan por exacerbar los ánimos, declarando cualquier disparatado infundio, errónea e ingenuamente creen que con ello coadyuvan a nuestra causa. Peor si dichas aseveraciones provienen de personas que sin conocer a fondo el tema se aventuran en acrobacias verbales poco meditadas, como el supuesto "nerviosismo chileno”. La diplomacia es todo lo contrario, es habilidad, es la aplicación del tacto, es una verdadera institución del sistema internacional. Es la coherente conducción y versatilidad de los intereses de un Estado, la ductilidad en la gestión de negociación para resolver diferencias, por lo que la sindéresis, la reserva y el estilo diplomático no pueden estar ausentes, ahora más que nunca. Nuestras autoridades debieran tener mayor cautela y declarar lo necesario, lo prudente, empleando expresiones medidas y calculadas con precisión, adecuada administración de la economía del lenguaje, para que esas acciones sean consistentes con el objetivo principal. Dejemos que sea Chile, con su Canciller y las autoridades que así quieran, el que pierda la compostura (a fin de cuentas será su decisión soberana, como soberano también será su eventual yerro). No seamos nosotros, los bolivianos, quienes entremos en esa arena de destemplanzas poco elegantes. Nadie podrá negar la intuición y olfato del presidente Morales, que es un hombre que vive y respira política matiné, tanda y noche, pero, ¿no fuera bueno, entonces, que sus asesores más cercanos le hicieran notar las sutilezas que la útil diplomacia ofrece en este momento tan crucial para el país, a fin de capitalizar esas dotes a favor de nuestra demanda en La Haya? Así se evitarían papelones como el protagonizado por un exministro, nada menos que de Defensa, correctamente destituido por lo demás. El Presidente, el segundo mandatario, el Canciller, el agente y el vocero de nuestra demanda, en ese orden, debieran ser los únicos autorizados para declarar sobre el juicio. Ninguna otra autoridad más debiera hacerlo, a partir de una estricta instrucción presidencial, sean del órgano estatal que fueran. 34 La demanda debe ser tomada con la mayor responsabilidad y seriedad, evitando los arrebatos de uno que otro oportunista a quien pueda seducirle la efímera fama de referirse sobre un asunto tan delicado con el que no debe hacerse ni demagogia ni politiquería. Generar expectativas sobredimensionadas en nuestra opinión pública -enormemente sensible con el tema marítimo- confunde y crispa los ánimos. Mucho más si a eso se añaden engreimientos triunfalistas de creernos poseedores de argumentos "insuperables e invencibles”, que no son otra cosa que tristes evidencias de un provinciano y perjudicial chauvinismo. Fuente: Página Siete 30.04.2015 (Gustavo Murillo Carrasco es abogado y diplomático) Tel: 591 2 2799673 Fax:591 2117326 Calle 21 de Calacoto, Edificio Lydia, Piso 2 Of. 201 La Paz – Bolivia Página Web: www.institutoprisma.org - Correo electrónico: [email protected] Edición a cargo de Rodrigo Fernández Ortiz 35
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