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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
Boletín informativo 12/15
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente
Pachuca de Soto, Hidalgo/ 25 de marzo de 2015. El Consejo Nacional de Población (CONAPO)
estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre
los 10 y 19 años de edad. El embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido
a que 1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los
grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; y 2) la disminución de la fecundidad en
adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto por su bajo uso de anticonceptivos
(solamente 37.6% de las adolescentes empleó un método en su primera relación sexual y 45% usó
uno en la última; en ambos casos, principalmente métodos con poca efectividad) como por el
aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa.
El embarazo a edades tempranas generalmente es un problema con consecuencias graves para las
madres y los padres adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un problema de salud
pública, ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas;
es un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento; es económico
porque posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a
oportunidades laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable.
En términos de fecundidad, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009,
señala que el promedio nacional de nacimientos de las mujeres de 15 a 19 años fue de 69.5
nacimientos por cada 1,000 mujeres. El embarazo en adolescentes está asociado a niveles de
mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad y a una alta prevalencia de
aborto en condiciones inseguras.
El embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, la de ellas con mayor
frecuencia: De acuerdo con cifras del 2010, 17.7% de las mujeres menores de 18 años y 30.7% de
las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo. De
la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el riesgo de un embarazo: más del 90% de las
mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado
con 24% en el grupo de edad que no los ha tenido; y 57% de las mujeres mexicanas nacidas entre
1964 y 1984 que no terminaron la primaria tuvieron su primer embarazo antes de cumplir 20 años,
comparado con 12% de aquellas de las que alcanzaron al menos el bachillerato.
La mayor parte de las madres adolescentes no tiene empleo ni ingreso independiente al momento
de tener a sus hijos e hijas. De las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo/hija en 2011,
8.3% tenían una actividad laboral remunerada. En cuanto a las adolescentes de 10 a 14 años que
tuvieron un hijo/hija, tienen mayor probabilidad de estar trabajando en una etapa en la que
deberían estar en la escuela, aun y cuando su contratación es contra la ley (7% reportaron una
actividad remunerada) ya que en México no se permite el trabajo a menores de 15 años.
Las madres adolescentes llegan a tener mayor descendencia que las que aplazan su primer
embarazo a una edad mayor. En México, las mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia
terminan su periodo reproductivo hasta con tres hijos o hijas más que las mujeres que iniciaron su
maternidad después de los 19 años. Los costos sociales se ven magnificados en efectos negativos
para las y los hijos de las madres adolescentes.
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La estrategia para la prevención del embarazo adolescente presenta cinco niveles de atención que
pueden llevarse a cabo en el ámbito de las políticas públicas, particularmente, de educación, salud
y desarrollo. En la base de la pirámide se encuentran las intervenciones con el mayor potencial de
impacto que comprenden, aquellas que se dirigen a los determinantes socioeconómicos de la
salud (como la educación y el trabajo). En los siguientes niveles se encuentran las intervenciones
que cambian el contexto para facilitar que los hombres y las mujeres tomen acciones y decisiones
apropiadas para su salud (por ejemplo, mejoras en el marco jurídico y entorno social habilitante);
la educación integral en sexualidad es un aspecto fundamental que involucra a los diversos
sectores para fomentar que se puedan tomar decisiones importantes entorno a su sexualidad, en
el siguiente nivel observamos que es necesario, garantizar la oferta y dotación de todos los
métodos anticonceptivos, incluyendo los que proporcionan protección de largo plazo y los
métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP); en la punta de la pirámide se
encuentra la atención clínica directa continua.
En cuanto al marco jurídico para las acciones propuestas en la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) están insertas en el marco de los derechos
humanos, el de las niñas, niños y adolescentes, los derechos a la Salud Sexual y Reproductiva y a
una vida libre de violencia, así como el derecho a participar en el proceso de desarrollo, ejecución,
monitoreo y evaluación de políticas públicas específicas para ellos.
En el marco general de la estrategia está el ámbito jurídico y la operación queda a cargo de los
niveles administrativos de instrumentación (federal, estatal y municipal). La ENAPEA tiene ocho
ejes rectores: 1) Intersectorialidad; 2) Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos; 3)
Perspectiva de género; 4) Curso de vida y proyecto de vida; 5) Corresponsabilidad; 6) Participación
juvenil; 7) investigación y evidencia científica; y 8) Evaluación y rendición de cuentas.
La ENAPEA tiene como objetivo general: reducir el número de embarazos en adolescentes en
México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y
reproductivos. Y como objetivos específicos se busca: a) contribuir al desarrollo humano y ampliar
las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México; b) propiciar un
entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los
adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo; c) asegurar el
acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de
acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad
del varón en el ejercicio de la sexualidad; d) incrementar la demanda y calidad de la atención de
los servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; e) garantizar el derecho de las niñas,
los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles
educativos de gestión pública y privada.
Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50%
la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030,
es decir, alcanzar una tasa de 32.9% nacimientos en el grupo de edad referida.
En el corto plazo, se proyecta una reducción a 63.1 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19
años para el 2018, esta meta de corto plazo, involucra el uso creciente de métodos
anticonceptivos (prevalencia) y una escolaridad en aumento entre las y los adolescentes.
Uno de los factores fundamentales que inciden en el logro de la meta, es el acceso y permanencia
de las personas jóvenes en el sistema escolar (educación media y media superior), factor que
contribuye en la elaboración de un proyecto de vida y en el aumento de sus oportunidades.
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