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Marisa Rosado
19 de marzo a la(s) 16:46
·
La Masacre de Ponce
Marisa Rosado
La Masacre de Ponce, ocurrida el 21 de marzo de 1937, es uno de los episodios más violentos en la historia
del siglo veinte en Puerto Rico. Fue tildada como “masacre” por la propia comisión que estudió los hechos.
En febrero de 1937 el Partido Nacionalista se propone celebrar su asamblea y una parada en el pueblo de
Caguas. Winship presiona al alcalde de ese pueblo Julio Aldrich para que impida por todos los medios la
celebración de la parada y la asamblea, pero el Alcalde pone resistencia con la seguridad de que los actos se
celebrarían sin incidente alguno, como ocurrió.
Todavía Albizu Campos y sus compañeros se encontraban detenidos en la Cárcel de La Princesa en San Juan
en espera del resultado de la apelación a su sentencia que habia sido confirmada por el Tribunal de Distrito de
Apelaciones de Boston el 19 de marzo de 1937. El 21 de marzo cayó Domingo de Ramos, y el Partido
Nacionalista se propuso celebrar una marcha por las calles de la ciudad de Ponce que culminaría en un mitin
para protestar por el encarcelamiento de su liderato máximo. La actividad fue anunciada en el periódico El
Mundo de 19 de marzo, donde se indicaba que la reunión de los nacionalistas de Ponce y áreas adyacentes
sería a las 2 de la tarde frente al Comité Nacionalista de Ponce. La mañana de ese 19 de marzo el Coronel
Enrique Orbeta, Jefe de la Policía, viajó a Ponce con la intención de prohibir la actividad nacionalista. Se
entrevistó con los abogados Parra Capó y Parra Toro, éste ayudante militar del gobernador Winship y con el
Capitán Felipe Blanco, jefe policiaco de Ponce, a quien instruye para que paralice la marcha nacionalista. Una
vez hechos estos arreglos, Orbeta regresa a San Juan y en la noche se reune en la Fortaleza con el gobernador
y el Sr. José Ramón Quiñones, su Ayudante, quienes deciden que la parada era de carácter militar y, por tanto,
ilegal. Es entonces que Orbeta decide ordenar el envío de refuerzos a Ponce desde distintos pueblos de la Isla.
Una semana antes, los nacionalistas solicitaron autorización de la Alcaldía. El alcalde José Tormos Diego,
estaba de vacaciones fuera de Puerto Rico, siendo el alcalde interino el Dr. William Gelpí. Gelpí autorizó a
Casimiro Berenguer , a realizar las gestiones de propaganda advirtiéndole que el permiso tenía que otorgarlo
el Alcalde Tormos Diego. Una vez Tormos Diego regresó a Ponce la noche del 20 de marzo, los nacionalistas
Plinio Graciani y Lorenzo Piñeiro le visitaron en su casa y el Alcalde les prometió que daría el permiso en la
mañana del domingo. En las primeras horas del domingo, mientras llegaban a Ponce los refuerzos policiacos
armados con carabinas y ametralladoras, los nacionalistas Plinio Graciani y Luis Castro Quesada se dirigieron
a la oficina del Alcalde a buscar el permiso, el cual les fue entregado.
Cerca del mediodía, Orbeta se reune con el Alcalde y el Capitán Blanco y le cuestiona el primero el permiso
que dio a los nacionalistas alegando que la parada era de carácter militar. El Alcalde le aclara que los
dirigentes nacionalistas eran personas serias y que nada anormal ocurriría. Orbeta le dice que los nacionalistas
de Mayagüez vendrían armados y lo responsabilizó de cualquier derramamiento de sangre que ocurriera.
Tormos Diego promete entonces hablar con los nacionalistas para que suspendan la actividad, revocando el
permiso que acababa de dar con la excusa de que por ser Semana Santa y para complacer a los sacerdotes que
así lo habían solicitado, no se permitirían desfiles por las calles de la ciudad. La revocación del permiso
advertía que la policía no iba a permitir el acto cívico. Los nacionalistas, luego de conferenciar con el alcalde
Tormos Diego, y con el propio Coronel Orbeta, deciden no suspender la actividad pues la revocación era una
violación del derecho a la libre expresión y, además, porque ya se hallaban de camino a Ponce decenas de
militantes nacionalistas de todos los pueblos del área de Ponce y Mayagüez.
La policía bajo el mando de Guillermo Soldevila, Jefe de la Policía de Juana Díaz y Felipe Blanco, jefe
policiaco de Ponce, acordonó con expertos tiradores movilizados de todos los cuarteles policiacos de Puerto
Rico la esquina donde estaba ubicada la Junta Nacionalista en la Calle Marina, entre la Calle Aurora y la
Calle Jobos. En el centro de la calle, se organizaban en fila de tres en fondo los Cadetes de la República o
Ejército Libertador y el Cuerpo de Enfermeras. La banda de música ejecutó La Borinqueña e,
inmediatamente, el Capitán del Cuerpo de Cadetes, Tomás López de Victoria, dio la orden de marchar. En el
preciso momento en que se disponían a hacerlo, el jefe Soldevila levantó una fusta que tenía en la mano y la
puso en el pecho de López de Victoria indicándole que no podían marchar. El policía Armando Martínez
corrió desde la esquina frente a la Junta Nacionalista hacia la Calle Marina haciendo un disparo al aire que
desató ráfagas provenientes de armas de distintos calibres. Murieron en el acto ocho personas y, más tarde
otros que sumaron un total de diecinueve. Los policías Ceferino Loyola y Eusebio Sánchez murieron víctimas
del fuego cruzado de sus compañeros de armas. Ambos al escuchar La Borinqueña se habían quitado sus
gorras colocándolas sobre su pecho. Mientras esto sucedía en la Calle Marina esquina Aurora, Orbeta y el
capitán Felipe Blanco daban un paseo por la ciudad. Avisados, llegaron al lugar de la matanza ordenando el
arresto de todos los que se encontraban en los alrededores. Entraron al local de la Junta, donde se encontraban
varios heridos que también fueron arrestados. Además de los muertos, hubo entre 150 y 200 heridos. El Lcdo.
Rafael V. Pérez Marchand, fiscal de Distrito, logró realizar una extensa investigación de los hechos y ordenó
el arresto de cuatro policías por el delito de asesinato y 23 nacionalistas por participación en el “motín”. El
régimen ejerció presión sobre el fiscal quien, una vez terminado y remitido el Informe de su investigación,
renunció a su cargo no sin antes enfrentarse a coacciones del estado para que lo enmendara.
Varios ciudadanos de Ponce solicitaron a la Unión Americana de Libertades Civiles que realizara una
investigación sobre los hechos ocurridos el 21 de marzo. Se constituyó una Comisión investigadora de las
causas de la matanza de Ponce presidida por el Lcdo. Arthur Garfield Hays, norteamericano delegado de la
Unión Americana de Libertades Civiles y compuesto además por los señores Emilio S. Belaval, Presidente del
Ateneo Puertorriqueño; Mariano Acosta Velarde, Presidente del Colegio de Abogados; Fulgencio Piñero,
Presidente de la Asociación de Maestros; Francisco M. Zeno, Director del periódico La Correspondencia;
Antonio Ayuso Valdivieso, Director del periódico El Imparcial; José Dávila Ricci, del periódico El Mundo y
Manuel Díaz García, ex Presidente de la Asociación Médica. Dicha comisión realizó una investigación
exhaustiva sobre estos hechos y en su Informe culpó al gobernador Winship de la matanza, la que denominó
Masacre de Ponce.
No obstante, el gobierno acusó de asesinato genérico a los nacionalistas Luis Castro Quesada, Julio Pinto
Gandía y Lorenzo Piñeiro, (Presidente y Secretario General Interinos del Partido Nacionalista), Plinio
Graciani, Tomás López de Victoria, Casimiro Berenguer, Martín González Ruiz, Elifaz Escobar, Luis Angel
Correa, Santiago González y Orlando Colón Leyro. En el juicio que se les celebrara entre el 1ro. y el trece de
febrero de 1938, los nacionalistas acusados fueron defendidos por los abogados Ernesto Ramos Antonini,
Felipe Colón Díaz, Víctor Gutiérrez Franqui y Miguel Bahamonde. Sirvieron de fiscales los abogados
Francisco García Quiñones y Pedro Rodríguez Serra, presidiendo la sala el juez Roberto H. Todd, hijo. El
jurado no pudo ponerse de acuerdo y fueron absueltos todos los nacionalistas a excepción de Elifaz Escobar
quien cumplió tres meses de cárcel por portación de armas.
Los hechos acaecidos en estos turbulentos años 30 fueron la causa que movió a Luis Muñoz Marín a
organizar Acción Social Independentista (ASI), que más tarde se convirtió en el Partido Popular Democrático
bajo el lema de Pan, Tierra y Libertad. Doce años después, Muñoz Marín se transformaría en represor y
carcelero de los nacionalistas