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CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA
16/05/2015
La juez amplía la investigación por
Aznalcóllar
Ordena indagar otras adjudicaciones a Magtel tras la denuncia de un funcionario
La juez que instruye la causa por el supuesto amaño en el concurso de adjudicación de la mina
de Aznalcóllar ha ampliado la investigación más allá de la adjudicación concreta de los derechos
mineros que la Junta de Andalucía resolvió el pasado marzo, en plena precampaña electoral. Comparte
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La magistrada Patricia Fernández ha dado instrucciones a la Unidad contra la Delincuencia
Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía para que examine detalladamente
otras adjudicaciones por parte de los sucesivos gobiernos socialistas en la comunidad a la
empresa Magtel, que está detrás del consorcio que ha ganado el concurso de Aznalcóllar y que
tiene estrechos vínculos con la Administración andaluza, incluyendo a un ex alto cargo al que
fichó como asesor externo tras su paso por varias consejerías. La decisión de la juez viene motivada por un escrito recibido en el Juzgado de Instrucción 3 de
Sevilla que firma un funcionario de la propia Junta de Andalucía, que pone de manifiesto otras
supuestas irregularidades en concesiones al grupo cordobés Magtel. El escrito de este funcionario, al que ha tenido acceso este periódico, pone el foco en las
adjudicaciones que en los últimos años le ha dado la Junta de Andalucía a Magtel a través del
conglomerado de empresas y agencias públicas que los sindicatos denominan la Administración
paralela y en la que los controles son menos rigurosos. EMPRESAS PANTALLA Por ejemplo, este funcionario señala varios contratos otorgados por la empresa pública Sandetel
a Magtel por importes millonarios. Asimismo, indica el denunciante, que durante cuatro años estuvo destinado en la antigua
Consejería de Innovación –hoy englobada en el departamento responsable del concurso de
Aznalcóllar–, que Magtel podría haber resultado beneficiada de concesiones a través de
«empresas pantalla» tras las que figurarían «hombres de paja» para despejar dudas y evitar
sospechas. La magistrada ha tomado buena nota de todo esto, según se desprende de una providencia
dictada a finales del mes de abril en la que acuerda unir a las actuaciones el escrito de este
funcionario y ordena a la Udef que «se realicen las averiguaciones oportunas». Al mismo tiempo, la Policía Nacional está cumpliendo la orden incluida en el auto del pasado día
7 y ha tomado esta semana declaración –con lectura de derechos y abogado incluidos– a los
miembros de la comisión técnica que participaron en el proceso de adjudicación de Aznalcóllar. Ayer mismo pasó por la sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla la directora general de
Minas, María José Asensio, a la que la juez Fernández señala como una de las principales
responsables de las numerosas irregularidades detectadas en el concurso.