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Propuesta de la Juventud Socialista para el Consejo Asesor
Presidencial sobre: relación dinero-política, probidad y transparencia
1.
Presentación
Este documento tiene por objetivo reunir las ideas y propuestas de la Juventud Socialista frente
al Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias, y la
Corrupción. Es un esfuerzo de las y los jóvenes socialistas por interpretar la presente crisis de
confianza y legitimidad en nuestras instituciones políticas, haciendo propuestas que busquen
regular la relación entre lo público y lo privado, así como la influencia de este último en las
instituciones políticas, con el objetivo de seguir fortaleciendo y consolidando nuestra
democracia.
La transparencia y probidad parecen ser valores que aparecen como reactivos frente a
situaciones como las que hoy se nos presentan. Como Juventud Socialista creemos que este
contexto es una oportunidad para transformar la promoción de estos valores, desde una
reacción punitiva, a una constante promoción proactiva del fortalecimiento de las políticas
públicas de probidad en el sector público, como también, de la ampliación y difusión de
la política de transparencia.
En el caso de la relación dinero-política, creemos fundamental el financiamiento público a los
partidos políticos, condicionando un porcentaje importante del aporte estatal al
desarrollo de centros de pensamiento dedicados a generar insumos políticos y técnicos
a los partidos, así como también, a la formación de jóvenes y el financiamiento
prioritario a sus candidaturas. Creemos que se debe disminuir el límite máximo en las
campañas, pues por sobre la influencia del dinero en la elección de un candidato debiese estar
la promoción de sus ideas de forma innovadora y cercana a la ciudadanía y no como meras
campañas publicitarias donde la influencia del dinero sea la variable más relevante.
De esta forma la Juventud Socialista comprende el escenario actual como una oportunidad de
fortalecer nuestra democracia en aquellos espacios grises en que el dinero ha afectado el buen
funcionamiento de las instituciones democráticas. La actual crisis de confianza desde la
ciudadanía hacia los organismos públicos, partidos políticos y otras instituciones de la
sociedad, se resuelve con más probidad, para el ejercicio honesto de la función pública;
más transparencia, para generar espacios de control social del ejercicio de la política,
incorporando a la ciudadanía como fiscalizadora de las acciones de sujetos provistos de
poder para la toma de decisiones públicas; así como también, de un nuevo régimen de
financiamiento público a los partidos políticos, evitando la influencia negativa que
ejercen algunos sectores empresariales sobre el ejercicio público. En resumen, fortalecer
nuestra democracia y sus instituciones frente al acecho de la corrupción y de los conflictos de
intereses en nuestro sistema político.
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A continuación presentamos el detalle de nuestras propuestas dividido en tres secciones:
relación dinero-política, probidad y transparencia.
2.
Análisis del contexto
El proyecto político de la Nueva Mayoría, al cual la Juventud Socialista adhiere, se sustenta en
el reconocimiento de la desigualdad como uno de los principales desafíos que debe enfrentar la
sociedad chilena, y como la principal barrera que separa a nuestro país de un desarrollo
inclusivo. Es así como, avanzar hacia una sociedad con más justicia e igualdad se convierte en
una de las prioridades del sistema político.
Es por esto que, el proyecto presidencial del año 2013, encabezado por la Presidenta Michelle
Bachelet, propuso avanzar en reformas estructurales que permitan construir un Chile más justo
e igualitario.
El primer año legislativo del gobierno concluyó con éxito. La aprobación del proyecto de
Inclusión de Educación (que pone fin al lucro, al co-pago y a la selección), de la Reforma
Tributaria, del Acuerdo de Unión Civil, del cambio al sistema electoral, son muestras concretas
del fiel cumplimiento del programa y que reflejan cambios reales al sistema político y
económico, teniendo siempre como horizonte y eje rector, corregir la desigualdad.
Sin embargo, los recientes hechos de alta connotación pública han cambiado el eje del debate,
poniendo el ojo en la perversa relación entre dinero y política.
Para nadie es una novedad que la contingencia destapada por el financiamiento ilegal a
campañas políticas pone en una situación muy delicada el normal funcionamiento de nuestra
democracia y la estabilidad del sistema político. A nuestro entender, esta complejidad se deriva
del desajuste entre la norma y la ética; quedando la norma muy por debajo del estándar ético
que exige la sociedad.
La demanda por un estándar ético más elevado que ha aparecido durante estos últimos años,
tiene relación con la mejora sistemática en la calidad de vida de una mayoría del país.
Situación que ha generado un mayor acceso a información en redes sociales y otras formas de
comunicación, y así también, la generación de una ciudadanía que demandan a las
instituciones públicas mayor transparencia. En efecto, no habría sido posible tener hoy una
ciudadanía más crítica y exigente de no haber sido por la instalación de un sistema
democrático que ha mejorado el acceso a la información y al conocimiento. Esto ha permitido
generar un piso mínimo de modernización de las instituciones y superar el temor como
elemento identitario de generaciones anteriores.
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Hoy, sin embargo, se necesita con urgencia avanzar hacia una nueva regulación que
establezca una sintonía directa y definitiva de la ética con la actividad política.
Las nuevas generaciones de socialistas creemos en la política como un medio real para hacer
transformaciones sustanciales en la vida de las personas. Sin la política se generan vicios en la
democracia. Es por esto que debemos avanzar hacia dignificarla y revalorizarla; volver a
generar confianza en la sociedad.
Finalmente, no pretendemos minimizar las situaciones controversiales que se han descubierto
a raíz de la perversa relación entre dinero y política, sino que todo lo contrario. Exigimos un
nuevo marco regulatorio para la relación entre dinero y política, pero sabemos que el primer
paso para ello es que no exista impunidad para aquellos que hubiesen cometido irregularidades
o delitos.
3.
Sobre la relación dinero-política
En concordancia con lo señalado en la introducción y en el contexto político, es importante
señalar que Chile no ha tenido un marco regulatorio riguroso y efectivo para evitar situaciones
como las que atraviesa el país en estos momentos.
El modelo de financiamiento a la política estipulado principalmente a través de la Ley 19.884 es
insuficiente, poco claro y fuera del contexto real en cuanto a la regulación que debería existir
sobre los dineros que destinan los candidatos y partidos políticos a sus campañas.
Si bien el Ejecutivo presentó un proyecto de ley específico en esta materia, es evidente que ha
demostrado ser insuficiente a la luz de la contingencia, no abarcando todos los temas
pendientes luego de la aprobación de la reforma del sistema binominal. En ese sentido, hay
que diferenciar claramente entre lo que es el financiamiento de los Partidos Políticos, que
tienen un carácter permanente, y el financiamiento de campañas electorales, que tienen un
carácter temporal. Todo esto implica una reforma importante a la Ley Orgánica Constitucional
de Partidos Políticos, nacida en dictadura y aún sin cambios.
Es necesario que establezcamos cuáles son las vías para que los Partidos Políticos se
financien. La legislación vigente deja esto a la deriva y fundamentalmente al amparo del aporte
privado, más allá de los fondos de ahorro que algunos Partidos tienen debido a las
reparaciones por la dictadura. Esto ha ocasionado algunos de los problemas que vemos
expresados hoy, como la colonización del empresariado sobre la actividad política y delitos
como el tráfico de influencias, lo que pone en riesgo nuestra democracia.
En ese sentido, hacemos presente las siguientes propuestas:
Financiamiento a los Partidos Políticos:
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Creemos que el financiamiento a los partidos debe provenir de 4 fuentes fijas, iguales para
todos y reguladas por el Estado a través del servicio electoral, estas son:
1. Las cuotas regulares que paguen sus afiliados.
2. Donaciones de fundaciones políticas u ONG´S. Estas deben ser para proyectos
específicos y ejecutables en el mediano plazo, no para campañas de sus candidatos.
Ejemplo: programas de formación política.
3. Contribuciones de personas naturales debidamente especificadas, como las que
puedan hacer las autoridades electas de los partidos en cargos de elección popular.
4. Aportes basales permanentes del Estado para su funcionamiento y sólo para
aquellos partidos que tengan representación parlamentaria. Además este aporte debe
tener una proporción fija para todos y otra de acuerdo al desempeño electoral.
Sin duda el aporte del Estado deberá ser el más importante, constituyéndose en el motor
principal del funcionamiento de la política. Junto con esto, creemos importante queun
porcentaje de ese aporte esté destinado exclusivamente a las juventudes de los partidos
(por ejemplo: formación política de nuevos militantes), con el objetivo de que existan
herramientas reales para promover la renovación de liderazgos y la emergencia de nuevos
actores al interior de los mismos, lo que ayudaría a mejorar la calidad de la política y de nuestra
democracia.
Los Partidos Políticos, al recibir aporte estatal, deberán estar sometidos a la Ley de
Transparencia, permitiendo el acceso a la información respecto a los gastos en que éstos
incurriesen con el dinero público, a su vez estos deberán profesionalizar sus funciones, por
medio de la planificación y evaluación de sus actividades.
Financiamiento a las campañas:
La actual legislación contempla un sistema mixto de financiamiento de campañas políticas para
los distintos niveles de representación, este financiamiento consta en una cantidad de dinero
que establece el SERVEL por cada voto obtenido por el candidato y que es entregado posterior
a la elección, además se permite recibir aportes de privados tanto de personas naturales como
jurídicas mediante la figura de aportes reservados.
El proyecto de ley que ha enviado el ejecutivo contempla en relación a este tema las siguientes
medidas más relevantes:
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Reducción del gasto electoral (disminución drástica del gasto que pueden hacer los
candidatos en las campañas)
Eliminación de los aportes anónimos.
Prohibición de aportes de personas jurídicas.
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Rebaja del límite de los aportes de personas naturales.
Transparencia mediante sitio electrónico del SERVEL.
Deber de equidad para los medios de comunicación.
Regulación de la propaganda electoral.
La Juventud Socialista respalda estas iniciativas. A su vez, ponemos un especial énfasis en
cuanto a que el financiamiento de las campañas debe ser principalmente vía
financiamiento público, permitiendo el aporte de privados sólo como personas naturales y no
jurídicas que puedan representar a alguna empresa o grupo de interés. Además, se deben
eliminar los aportes anónimos. Los partidos políticos también podrán aportar a sus respectivos
candidatos, transparentando el aporte que realizan.
La mixtura del financiamiento de las campañas políticas debe basarse en la transparencia de
los aportes.
Por una parte, debe rebajarse el límite de los aportes privados que serán permitidos. El
financiamiento público deberá ser igual para todos los candidatos en su respectivo nivel, sin
excepción; éstos no podrán exceder el nivel de gasto preestablecido por el SERVEL, de
acuerdo a la cantidad de territorio que deban cubrir para su campaña (comuna, distrito o
circunscripción).
Todos los medios de comunicación (escritos, de radiodifusión y televisión) deberán
disponer espacios de propaganda gratuita y de forma equitativa a todas las candidaturas
o expresiones políticas que compitan en una determinada elección De esta forma, tendrán
la responsabilidad de informar sobre todas las candidaturas existentes, según sea el caso.
Por otra parte, creemos que todas las plataformas políticas deberán incluir un determinado
porcentaje de candidatos jóvenes, es decir, de la totalidad de candidatos que un
determinado partido político inscriba, deberá contener un porcentaje de candidatos jóvenes,
quienes no deberán tener más de 30 años de edad. Junto con esto, el Estado debiera
disponer de recursos especiales para las candidaturas jóvenes debido a las dificultades y
desventajas iniciales en las que se encuentran estos candidatos.
Por último, creemos importante que el período de campaña se aumente a tres meses antes
de la elección, exceptuando las últimas dos semanas, momento en el cual debe cesar todo
gasto electoral y todo acto de campaña. En ese momento, los candidatos y sus administradores
son responsables de limpiar toda señal de sus campañas en las ciudades. El gasto
incurrido por los candidatos y sus equipos de campaña en la limpieza y retiro de
propaganda deberá también ser considerado en el financiamiento de la misma.
Fortalecimiento del SERVEL y la institucionalidad electoral.
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En este nuevo contexto, se hace importante establecer nuevas y mayores atribuciones para el
control y supervigilancia de las campañas electorales. Para ello, el fortalecimiento del Servicio
Electoral es vital, no es suficiente que sólo tenga facultad para realizar análisis de la
información entregada por los candidatos posteriora la correspondiente elección, también debe
tener la opción de solicitar en forma periódica datos a los mismos durante la campaña.
Además, es necesario dotarlo de presupuesto y funcionarios necesarios para realizar una labor
de carácter nacional.
Para el cumplimiento fiel y correcto de esta labor, el SERVEL debe tener potestades
sancionatorias de orden administrativo, pudiendo multar, decomisar, destruir o retirar la
propaganda que corresponda de acuerdo a la nueva legislación de gasto electoral. Esto no
obsta de los delitos que pueda perseguir el Ministerio Público en el incumplimiento de la misma
ley, o de otras relacionadas.
Además, es necesario entregarle a los Tribunales Electorales toda competencia para la revisión
de las infracciones a la ley de gasto electoral, con el fin de tener órganos relacionados que no
tarden en la tramitación de estos procedimientos.
Respecto a las sanciones de aquellos que incurran en irregularidades o ilícitos, el SERVEL
tendrá la facultad de realizar acusaciones que deberán ser investigadas por los tribunales
competentes, cumpliendo así con el principio de autonomía y jurisdicción de las instituciones
públicas.
4.
Sobre probidad
La demanda de probidad -entendida como integridad u honestidad en la función pública- no es
novedosa en nuestro país, más bien se corresponde con la ocurrencia de escándalos sobre
faltas a la probidad de conocimiento público. Sabido el escándalo, se renueva el interés de la
ciudadanía en el tema y el Estado, expresado en sus 3 poderes, reacciona dando prioridad a
una política que en muchas ocasiones, sin la aparición de escándalos, es relegada a
posiciones de menor importancia.
El contexto actual se corresponde justamente con uno de esos periodos: escándalos de
conflictos de interés e influencia del dinero en la política concentran la atención de los medios y
de la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de que cada vez que ha ocurrido un evento de este tipo hay voces que
anuncian el fin de los partidos y la política, los gobiernos -en ocasiones anteriores- han
reaccionado generando normativas que han logrado posicionar a Chile como uno de los países
líderes en estas materias en América Latina. En el gobierno del Presidente Frei se crea la
Comisión Nacional de Ética Pública, posteriormente en el gobierno del Presidente Lagos, se
genera una respuesta por parte de la élite política a públicos escándalos de corrupción,
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promoviendo -desde un acuerdo político- políticas públicas en materias como modernización
del Estado, entre cuyas medidas destaca la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, la
creación del sistema de compras públicas, el surgimiento del gobierno electrónico, entre otras.
Posteriormente, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se promulga la ley 20.285
sobre acceso a la información pública, que consagra el derecho al acceso a la información en
los organismos públicos y el principio de transparencia activa de los mismos, solo por nombrar
algunos hitos importantes en las últimas décadas.
El escenario actual se presenta como una oportunidad para fortalecer y renovar nuestra
normativa en materia de probidad con el objetivo de revitalizar la confianza de la ciudadanía en
las instituciones democráticas.
Teniendo en cuenta estos elementos, la Juventud Socialista propone que la política de
probidad en las instituciones políticas sea una preocupación constante de los gobiernos,
fortaleciendo los organismos públicos especializados en estas materias. Así también, defender
el correcto funcionamiento de las instituciones, asegurando su autonomía o independencia en
los casos que corresponda. Creemos que se debe poner especial atención a las normas sobre
fideicomiso ciego y aumentar el estándar respecto a los eventuales conflictos de interés que
pudiesen tener las personas que deciden postular a cargos de elección popular y a las
autoridades del Estado.
Las propuestas de la Juventud Socialista en esta materia son las siguientes:
1. Fortalecer la política de probidad en la Administración pública, a través de la
consolidación de una Agencia de Probidad y Transparencia.
2. Frenar la puerta giratoria. Proponemos aumentar en dos años el plazo de inhabilidad
para quienes, habiendo ejercido funciones directivas en la Administración Pública,
deseen desempeñarse en actividades que impliquen una relación laboral con entidades
del sector privado dentro del mismo sector.
3. Cohecho y soborno. Reformar el Código Penal respecto de los delitos de cohecho y
soborno, aumentando su pena principal, dado que la actual -en el sentido de privar la
libertad- no representa una amenaza real (“reclusión menor en su grado mínimo” de
acuerdo al artículo 248 y ss. del Código Penal).
4. Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil.
Promoviendo la ampliación de cargos de naturaleza técnica sujetos a procesos de
selección objetiva, transparente y proba.
5. Defensor del Pueblo. Legislar respecto de la figura del Defensor del Pueblo, u
Ombudsman, cuyo objetivo sea la defensa y promoción de los derechos e intereses de
las personas ante la Administración Pública bajo un carácter político y/o judicial. Deberá
tener facultades y competencias para presentar acciones o recursos ante las Cortes de
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Apelaciones y la Corte Suprema como al Tribunal Constitucional; y realizar
recomendaciones mediante informes a los órganos de la Administración Pública.
6. Revocabilidad del cargo. Pérdida del escaño en casos de infringir las normas de gasto
electoral, probidad o transparencia. Pérdida del cupo para el partido político por el cual
fue elegido el infractor. Junto con esto creemos importante reestablecer las elecciones
complementarias en caso de vacancia de un cargo de elección popular.
7. Límite al número de reelecciones. Limitar el número de reelecciones de todas las
autoridades, en todos los cargos de elección popular.
8. Inhabilidad obligatoria cuando exista conflicto de interés.
5.
Sobre transparencia
La política de Transparencia se estructura actualmente en Chile a través de la anteriormente
mencionada Ley 20.285, cuyos objetivos son: regular el principio de transparencia de la función
pública; garantizar el derecho que le cabe a todas las personas de tener acceso a la
información de los organismos del Estado; establecer los procedimientos para ejercer y
proteger ese derecho; y las excepciones para la publicación de la información.
La promulgación de esta normativa el año 2008, y su entrada en vigencia durante el año 2009,
generó un gran cambio de paradigma al interior de la administración del Estado en lo que
respecta al registro y publicidad de la información pública. Desde ese momento la ciudadanía
tenía derecho a conocer el monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos, sus
profesiones, la cantidad de personas contratadas en cada institución, entre otras informaciones;
producto de que cada institución pública debía mantener actualizados sus sitios de
transparencia activa donde debía publicar la información que obligaba la Ley. Por otro lado, las
instituciones públicas estuvieron obligadas a entregar información a requerimiento de
ciudadanos mediante las herramientas de transparencia pasiva.
Desde ese momento hasta el día de hoy, ya habiendo pasado tres años de su entrada en
vigencia es posible evaluar la ley desde dos puntos de vista. Esta normativa ha logrado instalar
una emergente cultura de la transparencia en la Administración del Estado, generando oficinas
de transparencia en los organismos públicos con coordinación y constante capacitación a sus
funcionarios. La cultura de la transparencia ha generado que la ciudadanía logre utilizar las
herramientas que provee la Ley para actuar en muchas ocasiones de fiscalizador de la función
pública, lo que es un claro avance en el fortalecimiento de nuestra democracia. Por otro lado,
se han evidenciado ciertas zonas grises al interior de las instituciones políticas, como la no
regulación de esta Ley a los partidos políticos u otras instituciones.
La actual entrada en vigencia de la Ley de Lobby engrosa la política de transparencia,
consagrando el derecho de conocer información sobre audiencias, donativos y viajes de las
autoridades, dando cuenta de los cuestionamientos de la ciudadanía en relación a la acción de
influencia de lobbistas o gestores de intereses particulares en las decisiones que toman las
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autoridades. Sin embargo, tal como la Ley de Transparencia, la actual normativa que regula el
lobby no logró cumplir el objetivo inicial del proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet
en su primer mandato sobre la regulación de la industria del Lobby.
De esta forma, como Juventud Socialista valoramos los avances en estas materias, sin
embargo, proponemos fortalecer la política de transparencia, con el objetivo de cubrir las zonas
grises tanto de la Ley de transparencia, como de la Ley de Lobby; y fortalecer la cultura de la
transparencia, no sólo al interior de la Administración del Estado, sino que también en los
ciudadanos, quienes cumplen un rol fundamental en el funcionamiento de esta normativa.
Creemos que la transparencia es un valor fundamental para el buen ejercicio de la democracia,
en dos sentidos. Por un lado, genera positivos resultados en materia de fiscalización social del
ejercicio público, y por otro, logra establecer canales de respuesta eficientes frente a la
creciente demanda de información pública de la ciudadanía, logrando acercar más a los
ciudadanos al Estado.
Teniendo en cuenta estos elementos, como Juventud Socialista proponemos lo siguiente en
esta materia:
1. Fortalecer la política de transparencia al interior de la Administración del Estado.
Consolidar la creación de una agencia de transparencia que tenga como objetivo
instalar una cultura de la transparencia tanto en la Administración del Estado, como en
la ciudadanía, mediante capacitaciones, innovaciones en materia de acceso a
información pública y orientación a la administración pública en materia de
transparencia.
2. Cubrir zonas grises. Ampliar los sujetos obligados a entregar información en materias
de transparencia activa a personas jurídicas que tengan financiamiento público, como
fundaciones, ONG’s, universidades privadas y partidos políticos.
3. Reforma a la Ley de Lobby. Creación de un registro habilitante de lobbistas y
perfeccionamiento de la Ley.
4. Generar campañas para el uso de las herramientas de transparencia. Ampliar la
difusión de las herramientas de transparencia mediante capacitaciones y educación
cívica.
5. Registro y publicidad de declaraciones de patrimonio. Ampliar las materias de
registro y generar canales de publicación de fácil acceso a la ciudadanía.
6. Fortalecer el Rol de Consejo para la Transparencia, transformándolo en un
organismo con autonomía constitucional, del mismo rango que Contraloría, el Ministerio
Público y el Banco Central.
6.
Sobre nuestra democracia
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Con el objetivo de entregar un cierre más global a este documento de propuestas, creemos
importante recalcar la importancia de tener un sistema democrático sano, representativo,
participativo, inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos, dentro de los márgenes de
la sana competencia. Así como también consideramos importante seguir avanzando en la
modernización del Estado, regulando su funcionamiento y mejorando sus niveles de probidad y
transparencia.
En los últimos años hemos visto experiencias de otros países que han derivado en el
surgimiento de gobiernos populistas, autoritarios y con mayores errores de funcionamiento en
su estructura, por no tomar medidas respecto a estos vicios de la democracia cuando era
necesario hacerlo. Corregir la corrupción y obtener un sistema más transparente no pasa
solamente por las intenciones o voluntades del gobierno de turno para legislar en esta materia,
sino que también por la capacidad de la sociedad civil de involucrarse en estos temas y
proponer correcciones a tiempo a través de la institucionalidad vigente.
En este sentido, tiene particular importancia este Consejo Asesor que ha convocado la
Presidenta Michelle Bachelet y es importante que las recomendaciones que de aquí salgan se
transformen prontamente en proyectos de ley que deben ser aprobadas por el legislativo. En
gobiernos anteriores, muchas de estas propuestas fueron puestas en el tapete con el objetivo
de mejorar el funcionamiento del Estado. Lamentablemente, muchas de esas iniciativas no se
legislaron en esa oportunidad y de haberlo hecho contaríamos con un marco regulatorio mucho
más estricto que podría haber evitado los sucesos que hemos presenciado en los últimos
meses-más allá de la falta de ética e infracciones a la actual normativa- lo que ha hecho un
daño gravísimo a la confianza en nuestro sistema político y también a nuestra democracia.
Por otra parte, es importante señalar que la construcción de una sociedad en confianza y
legitimidad también pasa por políticas de largo plazo, que fortalezcan la comunicación y el
entendimiento mutuo entre el sistema político y la sociedad. No basta con reformas legales,
nuevas instituciones, aumento de estándares normativos y sanciones más fuertes si junto con
ello no se educa a la población sobre los procesos de formulación de políticas, entendiendo a la
política como una arena de poder y no como una verdad revelada, donde confluyen diferentes
actores con visiones e intereses diversos.
Es por esto, que nos parece importante también avanzar en la implementación definitiva de
programas de educación cívica en el sistema escolar, ya que, la formación de conciencia
ciudadana es una contribución trascendental para el empoderamiento de las futuras
generaciones, que deberán seguir aportando en la construcción del país. Creemos que existe
una correlación directa entre la ausencia de educación cívica y fenómenos como la creciente
abstención electoral, o la cada vez más baja participación de jóvenes en los partidos políticos.
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Los momentos de crisis son oportunidades para deshacerse de lo malo e introducir
modificaciones permanentes que permitan fortalecer la institucionalidad y junto con ello el
funcionamiento del Estado.
Como Juventud Socialista, creemos importante avanzar en la superación real de este problema
y buscar las salidas para que esto no vuelva a ocurrir, buscandoterminar con el vínculo entre
empresarios y políticos; entendiendo que son dos actividades sumamente importantes para el
normal funcionamiento del país, pero absolutamente excluyentes en cuanto a los niveles de
relación que puedan tener. Para nosotros, el objetivo de los gobiernos es avanzar en la
conquista de derechos sociales para el pueblo de Chile, teniendo siempre presente y especial
consideración en la protección a la clase trabajadora que es las más perjudicada por los
avatares del neoliberalismo.
Para seguir avanzando en las reformas estructurales y superar la crisis de confianza de la
ciudadanía en las instituciones y la política, se hace necesario que los jóvenessean partícipes
de los procesos de discusión y la toma de decisiones.En ese marco la Juventud Socialista
plantea deben existir apoyo real a los jóvenes y en particular a las juventudes políticas.
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