Número 3 2015 Fecha: 04 a 10 de Febrero SINOPSIS Para esta semana, la actividad legislativa nacional se debatió entre el avance de una nueva Ley dirigida a la prohibición de las corridas de toro en el territorio nacional, iniciativa del Defensor del Pueblo William Saab, y la denuncia avanzada por el Dip. Freddy Paz por el abandono del proyecto de Ley de Creación del Instituto Venezolano de la Lucha Contra el Cáncer, a pesar de la grave crisis de sanidad que afecta a la Nación. La Asamblea Nacional celebró su segunda Sesión Plenaria del año el martes 10 de febrero, jornada dedicada casi con exclusividad a la discusión de acuerdos políticos y protocolarios. Aun así, vale la pena traer a colación los argumentos presentados en el marco del debate: La segunda respuesta de la Asamblea a las sanciones adelantadas por el Senado estadounidense en contra de algunos venezolanos, y el debate que se suscitó en torno a la legalidad del crédito adicional aprobado al M.P.P. Para la Juventud y el Deporte. ACTIVIDAD LEGISLATIVA Durante esta semana, la Defensoría del Pueblo anunció la preparación de un nuevo proyecto de Ley a ser introducido a la Asamblea Nacional, con el expreso objetivo de establecer la prohibición de las corridas de toro en el territorio nacional. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó con motivo de esta iniciativa que aunque puede considerarse deporte “matar a mansalva seres vivos […] aclamar la muerte de un ser vivo desde las gradas de los estadios es apología al crimen”. Esta iniciativa es resultado de la labor impulsada por la ONG ecologista Naturalis, cuyo director Roger Pacheco introdujera a finales de 2014 un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las corridas de toro en el noroeste del país (fuente). Por loable que sea siempre la protección de los derechos de los animales, no debe dejar de notarse el contraste que existe entre esta iniciativa en contraposición con el abandono que desde las altas entidades estatales se presta hacia proyectos de importancia en favor de la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, días antes de que el defensor del pueblo se manifestara en favor de los toros, el diputado zuliano por el partido Un Nuevo Tiempo, Freddy Paz, llamó la atención sobre un proyecto de Ley que se encuentra “engavetado” en la Asamblea Nacional desde hace dos años: El Proyecto de Ley de Creación del Instituto Venezolano de la Lucha Contra el Cáncer. El abandono de este proyecto, dice Paz, se da en el contexto de la crisis sanitaria actual en la que la escasez y el deterioro de la infraestructura nacional ha devenido en que Venezuela sea el país con la mayor tasa de mortalidad por cáncer en América Latina. Ante esta situación, la creación de un ente rector que unifique los esfuerzos dispersos en el control de esta enfermedad, avance programas de investigación, prevención y detección temprana, ofrezca tratamiento oportuno y rehabilitación, debiera ser una iniciativa de alta prioridad. Sin embargo, avanza sin problemas la protección de los derechos de los toros, y la Ley de creación del Instituto Venezolano de la Lucha Contra el Cáncer no se prevé que sea prontamente integrada en algún orden del día de la Asamblea Nacional (fuente). Consecuentemente, el máximo ente legislativo de la nación celebró el martes 10 de febrero la segunda sesión ordinaria del presente año administrativo, siete semanas adentrados en este 2015. El orden del día estuvo compuesto de cinco puntos, de los cuales cuatro fueron acuerdos de pronunciamientos políticos y protocolarios, dedicando el quinto punto a la discusión y aprobación de un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del M.P.P. para la Juventud y el Deporte, por la cantidad de BsF. 31.423.885,43. Es necesario destacar que la dedicación de la asamblea nacional a temas de poco interés en medio de una coyuntura tan abultada no es por la inexistencia de temas que demanden su atención. Sin entrar en la amplia lista de proyectos legales abandonados, durante la misma discusión previa aprobación del Orden del Día de la sesión en cuestión, el Diputado de Avanzada Progresista, Miguel Pizarro, solicitó la introducción de un importante punto de orden, significativo para la nación: abordar la Resolución 8610 del Ministerio de Defensa en tanto violatoria de la reserva legal de la nación. Como suele ser costumbre, su petición fue rechazada bajo el argumento de William Fariñas que sostiene que tal propuesta está dedicada a desviar la atención de la República, y que este tema será abordado por la Comisión Permanente correspondiente, sin que se haya sabido nada más del tema. “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente ” Lord Acton Número 3 2015 Fecha: 04 a 10 de Febrero ENTORNO LEGISLATIVO ECONÓMICO Respecto al desarrollo específico de los temas contenidos en el orden del día de la segunda sesión plenaria del año 2015, la mayor parte de las intervenciones de los diputados se dieron en torno al debate surgido ante el Proyecto de Acuerdo por la Defensa Soberana de la República Bolivariana de Venezuela ante la actuación injerencista, abusiva y criminal del Gobierno de los Estados Unidos contra nuestras Instituciones Democráticas. Es necesaria la aclaración que es la segunda ocasión en la que se discute y aprueba en el Palacio Federal Legislativo un proyecto de pronunciamiento político de este estilo, en el que se rechazan las acciones que emanan del Senado estadounidense en respuesta a los abusos de poder y violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela por los eventos ocurridos en la primera mitad del año pasado. La primera iniciativa de este estilo se dio el pasado 16 de diciembre, resultando en la aprobación del Acuerdo en conmemoración de los 15 años de la aprobación de la República Bolivariana de Venezuela y en Rechazo por la Intromisión en asuntos internos por parte del Senado Estadounidense. En este nuevo debate intervinieron por parte del bando oficialista los diputados Saul Ortega, Yul Jabour, Blanca Eekhout, Fernando Soto Rojas y Tania Díaz; quienes desde sus curules intentaron convencer al país de que la decisión de Estados Unidos de emprender acciones administrativas, cuyo alcance no escapa a las fronteras de su propio territorio1, es una violación flagrante a la soberanía nacional, perjudicando directamente a toda la nación. Prueba de esto puede apreciarse en las afirmaciones del Dip. Ortega, quien dijera que “La Ley que intentan sacar puede extenderse sobre todo el Estado venezolano, y perfectamente pueden promover un bloqueo contra nuestro país. Es un mecanismo contra nuestro país”, declaraciones complementadas por lo afirmado por el Dip. Soto Rojas, quien declaró que el Partido Republicano, el Demócrata, el Pentágono y la CIA, en coordinación con la oposición del país, quieren “caotizar a Venezuela con vistas de 1 La iniciativa legal estadounidense impone la suspensión de visas y el congelamiento de bienes y recursos ubicados en el territorio estadounidense a funcionarios venezolanos involucrados en la violación de Derechos Humanos durante las protestas de febrero. Esta medida expiraría en un año. Actualmente se contempla una expansión en la cantidad los funcionarios a ser sancionados. Las sanciones en su idioma original pueden leerse aquí atacar a la revolución Bolivariana y apropiarse de los recursos de la nación”. Por parte de los diputados de la oposición (en medio de interminables acusaciones de traición a la patria y sumisión al “yanquismo”) levantaron sus voces al argumento de la bancada los Dip. Ismael García y Cesar Rincones. La línea argumentativa de la oposición se basó, en primer lugar, en aclarar que ir en contra del este pronunciamiento oficialista no implica ser “complacientes con la intervención de ningún país sobre otro”, más bien es oponerse a un “chantaje moral” orientado a “defender a corruptos y narcotraficantes” que guardan lo extraído de la nación en Estados Unidos, teniendo especial consideración de que las medidas asumidas por aquél país no afectan en lo más mínimo al país ni a su población como lo quieren hacer ver. La extensión de este debate repetido y completamente desvinculada de los verdaderos problemas políticoeconómicos de la nación, muestra de manera elocuente el deterioro de la máxima entidad legislativa de la nación, devorada su institucionalidad por la política impositiva y faccionaria que emana desde el gobierno que ignora la compleja realidad pluralista de la nación. El uso del parlamento como base propagandista del Gobierno pareciera imponerse sobre su labor de legislación y control, como contrapeso y balanceador del Poder en Venezuela, y en traición de su más excelente capacidad de representación del país. Pero a pesar de tales trágicas distorsiones, aun aparecen argumentos y debates que valen la pena traer a colación, si bien para dejar constancia del deterioro del que es víctima esta institución. Tal es el caso del punto del orden del día dedicado a la aprobación de un Crédito Adicional para Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte por un monto de BsF. 31.423.885,43, cuyo fin es el de cancelar los gastos incurridos con motivo de la quincuagésima edición del famoso evento deportivo regional “La Vuelta al Táchira en Bicicleta”, que tuvo lugar entre el 9 y el 18 de enero. Esta petición de crédito, segunda del año y por una suma comparativamente baja al tener en cuenta las peticiones de crédito que usualmente pasan por el Hemiciclo, estuvo rodeada de irregularidades que fueron denunciadas en las intervenciones de los diputados Homero Ruiz, Vestalia San Número 3 2015 Pedro y Carlos Prosperi, en tanto implican una clara ruptura de la Ley venezolana. Dejando de lado que este evento no se vio representado en la planificación presupuestaria del Ministerio, lo que deja “en evidencia la inexistencia de las mínima planificación presupuestaria” según el Dip. Ruiz, la solicitud en sí constituye un delito pues solicitar un crédito adicional para que se otorguen recursos destinados a cancelar los gastos de un evento luego de que este ya fuera realizado es una violación varias leyes el país. El artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera del Sector Público establece que “no podrán adquirir compromisos para los cuales no existan asignaciones presupuestarias”, mientras que lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Contraloría General de la República lee que “antes de adquirir bienes o contraer compromisos debe haber recursos”. Estas normativas están complementadas con la estipulación de sanciones penales y administrativas consagradas en la Ley de la Administración Financiera y la Ley contra la Corrupción, las cuales articulan el mandato constitucional consagrado en el artículo 314 de la Carta Magna, que lee “No se hará ningún tipo de gasto de gasto que no haya sido previsto en la ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes”. Ante los argumentos que la bancada opositora otorgó previo a salvar su voto ante esta petición de crédito adicional, los diputados oficialistas Ramón lobo, Fecha: 04 a 10 de Febrero Hugbel Roa y José Ávila tomaron la palabra para hacerles frente. El argumento recurrente en las tres intervenciones fue la acusación a los diputados de la bancada opositora de actuar de mala fe, de “distorsionar la realidad dado que estamos en año electoral” y de oponerse “porque esta gloriosa Vuelta al Táchira la intentaron sabotear como parte de ese guión (…) que incluye el saboteo al gobierno del Presidente Maduro y la Revolución con las colas y la escasez”, según el Dip. Hugbel Roa. Fuera de los ataques ad hominem tan usuales en la retórica de esta bancada, la mejor excusa que lograron sacar a la arbitrariedad que rodea siempre la constante aprobación de créditos adicionales fue que, como los recursos a ser aprobados están dirigidos al Instituto Nacional de Deporte y no al Ministerio como tal, aparentemente el mandato constitucional y la ley dejan de aplicar de la misma manera. Cabe destacar que esta es sólo una iteración más de la extendida tendencia del oficialismo de aprobar indiscriminadamente créditos adicionales. Dado que la mayor parte de las oportunidades en que se aprueban se dirigen a cubrir gastos que debieran estar contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional, se sigue que la naturaleza de este documento rector del gasto público ha sido también distorsionada para presentar una serie de datos que muestren a un gobierno fiscalmente responsable, mientras que en paralelo la ignora por completo. El efecto nocivo de asumir que el Presupuesto es una herramienta publicitaria se aprecia en el descontrol del gasto del gobierno, y el precio que por ello pagamos todos. PUBLICACIONES EN GACETA Gaceta Oficial 40595 del 4 febrero 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria 6.171 del 10 Febrero 2015 Decreto Nº 1.595, mediante el cual se nombra al ciudadano Homar Farahon Viera Convenio Cambiario Nº 33, mediante el cual se dicta las normas que regirán las Rodríguez, como Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional. (SUNAGRO).- (Véase N° 6.170 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA Aviso Oficial conjunto mediante el cual este Ministerio y el Banco Central de REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). Venezuela, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3 y en el parágrafo Decreto Nº 1.596, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro para la único del Artículo 13 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, Comunicación Internacional, integrado a la estructura del Ministerio del informa a los operadores cambiarios y al público en general los acuerdos Poder Popular para Relaciones Exteriores. que en él se señalan. Aviso Oficial conjunto mediante el cual se informa a las Instituciones Operadoras Gaceta Oficial 40597 del 6 Febrero 2015 autorizadas para actuar a través del Sistema Cambiario Alternativo de Decreto N° 1.599. mediante el cual se fija un aumento del quince por ciento (15%) del Divisas (SICAD II), conforme a lo dispuesto en el Convenio Cambiario Nº 27 salario mínimo nacional mensual, obligatorio en todo el territorio de la del 10 de marzo de 2014 y demás normativas que lo desarrolla, así como al República Bolivariana de Venezuela para los trabajadores y las trabajadoras público en general, que a partir del 12 de febrero de 2015 no se procesarán que presten servicios en los sectores público y privado. cotizaciones de compra y venta de divisas en efectivo o de títulos valores en Decreto N° 1.600, mediante el cual se establece el sistema de remuneraciones de los moneda extranjera a través del antes dicho sistema. funcionarios y funcionarias de la administración pública nacional. Decreto N° 1.601, mediante el cual se establece el ajuste al sistema de remuneraciones de los obreros y obreras de la administración pública nacional. Elaborado por: Lic. Leonardo Rey, Investigador del Observatorio Económico Legislativo.