Número 6 Fecha: 04-03 a 10-03 2015 SINOPSIS En el período comprendido por este Boletín, fue consignado ante la Asamblea Nacional por parte de un grupo de la Sociedad Civil, Glorias Deportivas, un proyecto de Ley para la seguridad social de los atletas. También entes del alto gobierno han dado muestras de querer reformar la polémica resolución 8610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Por otro lado, la Asamblea Nacional tuvo una jornada maratónico el martes 10 de marzo, cubriendo todos los puntos de orden que fueron dejados de lado la semana pasada, y atendiendo al inesperado giro en los eventos provocado por la imposición de sanciones por parte del Presidente de los Estados Unidos, y la consecuente respuesta del gobierno nacional, que vio en esto la excusa perfecta para solicitar ante la Asamblea Nacional una nueva Ley Habilitante, esta vez llamada “antiimperialista”. ACTIVIDAD LEGISLATIVA Esta fue una semana notablemente agitada, con iniciativas de suma importancia y trascendencia desde varios sectores En primer lugar, y siendo quizás la noticia legislativa más inocua de la semana, un grupo de la Sociedad Civil conocido como Glorias Deportivas compuesto por ExAtletas venezolanos de resaltante trayectoria introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para asegurarle al “atleta que dio su juventud al país” el disfrute de una mejor seguridad social, al garantizarle una pensión que se equipare al salario mínimo, beneficios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), seguros funerarios, entre otros beneficios y bonificaciones sujetas a los logros que haya obtenido durante su carrera. Este Proyecto de Ley de Seguridad Social del Atleta Venezolano fue consignado ante la Comisión de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional, y actualmente se encuentra a la espera de que se le de respuesta sobre su viabilidad (fuente). En otro orden de ideas, la presión que devino sobre los representantes del Gobierno tras el asesinato de Kluiverth Roa a finales del mes pasado ha propiciando las primeras señales de una posible reforma a la Resolución N° 8610, normativa promulgada desde el Ministerio de la Defensa que establece los procedimientos de control de manifestaciones por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sobre ese tema, a lo largo de la semana se dieron tres intervenciones de interés por parte de altos funcionaros del Estado en respuesta a notables manifestaciones de disgusto por parte de la sociedad que incluyen la introducción de recursos de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia y convocatorias a manifestaciones públicas. En primer Lugar, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz se mostró en favor a la realización de correcciones en el contenido de la resolución (leer más). A ella se le sumó el ex- ministro de Relaciones Interiores, Mayor General del Ejército Miguel Rodríguez Torres, al califica a la resolución como “innecesaria”, pues despierta un debate que “por lo sensible debe manejarse con la sutileza correspondiente” (leer más). Y finalmente, Vladimir Padrino López, principal responsable de la resolución y quien la defendiera con anterioridad calificándola como un documento “hermosísimo” y “descontextualizado” se declaró como “no cerrado a críticas constructivas”. Llaman la atención estas opiniones sobre esta Resolución promulgada de manera unilateral e irregular el pasado 27 de enero en la Gaceta Oficial 40.589. El gobierno y sus personeros no son particularmente reconocidos por su capacidad de enmienda y admisión de errores, pero podría verse como positivo que este tren de declaraciones pues pueden ser la antesala a nuevas medidas respecto a esta resolución en las próximas semanas. Respecto a las actividades de la Asamblea Nacional durante esta semana, este ente sesionó de manera maratónica este martes, 10 de marzo, pues la Sesión Ordinaria pautada para ese día inició cerca a la 1 de la tarde y se extendió hasta las 3 de la mañana. Esta larga jornada estuvo dividida en dos sesiones, una de carácter especial dedicada a la presentación de los informes de gestión por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y del Contralor General, Dr. Manuel Galindo. La segunda sesión ya de tipo ordinario transcurrió dedicada a la aprobación de cinco créditos adicionales que alcanzaron un monto de BsF. 11.215.957.641, la aprobación de un Proyecto en Rechazo a la Injerencia Imperialista, otro en honor a la fallecida Lina Ron y, gravemente, fue también discutido y aprobado en primera instancia una nueva Ley Habilitante para el Presidente Nicolás Maduro. “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente ” Lord Acton Número 6 2015 Fecha: 04-03 a 10-03 ENTORNO LEGISLATIVO ECONÓMICO Respecto a la Sesión Especial celebrada a partir del mediodía del 10 de marzo, es pertinente llamar la atención sobre algunos detalles de la intervención de la Fiscal General de la República para la consignación de la memoria y cuenta de su gestión del año 2014. Al igual que sucediera con la presentación del Vicepresidente de la república una semana atrás, era ineludible la mención a los usuales chivos expiatorios frecuentemente mentados: guarimbas y guerra económica acompañada de la mención a los Estados Unidos avanzando una “geopolítica energética [que] no conoce límites en su afrenta de los Derechos Humanos” y que “planea apoderarse de los recursos ajenos sobre la base de la destrucción”. Agotados los usuales recursos propagandísticos, Ortega Díaz se ocupó de presentar algunas cifras de su gestión que demuestran la “eficiencia” del Ministerio Público para hacer frente a los embates de los enemigos de la revolución. Entre algunos de estos números dignos de mención, la Fiscal aseguró que por materia de “guarimbas” fueron detenidas 3352 personas, expeliendo 457 acusaciones que involucran a 1402 individuos. En relación al contrabando, siempre citado como una de las causas de la escasez, Ortega Díaz aseguró que se han aprehendido a 2603 individuos, acusado 1019 y condenado 218 por confesión del delito de contrabando organizado. Respecto a la malversación del uso de divisas asignadas por el Estado, el Ministerio Público adelantó unas 2475 investigaciones, involucrando a 2716 personas naturales y 1459 empresas, imputándose a 375 personas, 224 acusadas y 115 condenadas tras admitir los cargos. En materia de Derechos Humanos, la Fiscal aseguró trabajar en su defensa tras la condena de 13 funcionarios de la GNB y 5 funcionarios del CICPC, entre otros. En resumen, la intervención de la Fiscal devino en una especie de auto-palmada en la espalda ante la gran efectividad de su gestión durante el año pasado, presentando con orgullo todas las cifras que trajo ante el hemiciclo. Entre ellas destacó, la actuación de su ente ante los casos de alto impacto, como fueron el asesinato de Robert Serra y de Mónica Spears, así como la manera en lidió con los embates de la oposición. Pero no se puede dejar de tener en cuenta las graves fallas que se desprenden en su gestión, tanto por lo que dijo como por lo que dejó a entender. Lo primero y más evidente es la admisión de Díaz de la existencia de 2418 órdenes de detención por concepto de homicidio que no han sido ejecutadas, cifra extremadamente grave, pero que palidece ante el hecho de que en la nación se maneja una cifra de casi 25.000 asesinatos. Por otro lado, lo presentado por la fiscal deja temas significativos completamente desatendidos. No hubo mención a las divisas perdidas por concepto de corrupción administrativa por parte de CADIVI, los famosos 25mil millones de dólares, monto que no pudo ser extraído por los 224 individuos que Díaz aseguró con orgullo fueron aprehendidos por concepto de malversación. En fin, dada la imposibilidad de los diputados de interpelar a la Fiscal aprovechando su presencia en el Hemiciclo, la presentación de su informe quedó como otra maniobra propagandística más del gobierno. El otro hecho de altísima incidencia y que hace palidecer en importancia a los demás eventos legislativos de la semana tiene que ver con la respuesta del Presidente Maduro a las sanciones impuestas a venezolanos por parte de su homólogo estadounidense el pasado 09 de marzo. Las sanciones impuestas por el Presidente Obama, atendiendo a la “erosión de los derechos humanos, persecución de oponentes políticos, restricción de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones de los Derechos Humanos y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de corrupción pública significativa”, identifican en la situación coyuntural venezolana una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”, declarando Obama una “emergencia nacional para lidiar con [esta] amenaza”. Como tal, el Presidente Obama ordenó “toda propiedad e intereses en propiedad que se encuentren en los Estados Unidos (…) o que lleguen a la posesión o control de cualquier persona estadounidense sean bloqueados y no puedan ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o manipulados” así como suspendió la “entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no-inmigrantes, de aquellas personas [involucradas en la situación descrita], excepto cuando la Secretaria de Estado determina que la entrada de dicha persona es acorde al interés nacional de los Estados Unidos”1. Anexo al documento emanado desde la Casa Blanca está una lista de los siete individuos sobre los cuales caen las restricciones recién citadas. Las sanciones pueden ser expandidas por la Secretaría del Tesoro, actuando bajo 1 Traducción del Autor. El documento original puede ser consultado aquí. Número 6 2015 consulta y asesoramiento del Secretario de Estado, y en tal expansión las sanciones pueden ser aplicadas a Personas naturales y jurídicas. La velocidad con la que se dio la respuesta del Gobierno de Venezuela ante este evento pareciera evidenciar una preparación y premeditación cuidadosa, dándole sentido al extenso énfasis que las diferentes instituciones del Estado dieron a las medidas tomadas por el Congreso Estadounidense el pasado diciembre, que habilitaron legalmente a Obama a tomar las medidas en cuestión. Un día después de que se conocieran las sanciones estadounidenses, el Presidente de la República se presentó ante la Asamblea Nacional con el fin de solicitar una nueva Ley Habilitante para hacerle frente a esta “nueva afrenta imperialista.” El discurso del Presidente Maduro, siguió los lineamientos usuales de toda intervención gubernamental que se relacione de forma alguna con los Estados Unidos, aunque es interesante destacar que la justificación y legitimación del sentimiento de amenaza con el que intentan convencer sobre la necesidad de una nueva Ley Habilitante se basó en una revisión histórica de los últimos dos siglos, a través de la cual el Presidente de la Nación pintó a Estados Unidos como un monstruo que “consideran la independencia del Sur como una amenaza a su apetito imperial”, citando con frecuencia a Simón Bolívar como profeta infalible del destino injerencias de los Estados. En su esfuerzo, incurrió en comentarios ligeramente irónicos, como la mención al Fecha: 04-03 a 10-03 bloqueo de los puertos nacionales durante el gobierno de Cipriano Castro, ocasión en la cual olvidó mencionar que fue Estados Unidos quien intervino a nuestro favor para evitar una potencial invasión de Alemania, o como elogio casual a ciertos dirigentes históricas de Acción Democrática, tradicional chivo expiatorio del discurso oficial. Estos detalles aparte, terminada la intervención del Presidente, la discusión y aprobación en primera instancia de esta nueva Ley Habilitante no ocurrió sino hasta altas horas de la noche. Se prevé que los nuevos poderes legislativos de Maduro se extiendan por un período de tiempo inusualmente corto (seis meses), quizás en previsión a una potencial derrota en las elecciones legislativas de este año, y la posible derogación de sus atribuciones especiales una vez instalados los nuevos diputados. Por otro lado, es difícil ver cómo las sanciones de Estados unidos justifican a la Habilitante. Aun siendo una clara fuente de conflicto entre los gobiernos de ambas naciones, existen instancias para ventilarlos y resolverlos a través de gestión diplomática y pronunciamientos de entes regionales al respecto, como se ha hecho. Incluso, en caso de que las tensiones escalen hasta un muy improbable conflicto bélico, la constitución establece mecanismos de gestión de emergencia a través de los Estados de Excepción. Tal como están las cosas, esta nueva afrenta a la institucionalidad del Estado no es sino otra forma más de avanzar proyectos legales de manera unilateral e inconsulta, descontrolada y antidemocrática, previo a un potencial cambio de equilibrios de poder en la Asamblea Nacional por primera vez en más de una década. PUBLICACIONES EN GACETA que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Resolución Nº 002.15, mediante la cual se sanciona a Citibank, N.A. Sucursal VenezueDecreto N° 1.650, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad la, con multa por la cantidad que en ella se especifica. (Bs. 1.700.000,00) que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Gaceta Oficial 40614 del 5 de marzo del 2015 Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Resolución mediante la cual se prorroga por un lapso de noventa (90) días continuos, Decreto N° 1.651, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que la vigencia de la Resolución N° 470, de fecha 11 de diciembre de 2014, en la en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del Cuerpo de Policía del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Decreto N° 1.652, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto al Valor AgregaGaceta Oficial 40617 del 10 de marzo del 2015 do, Impuestos de Importación y de la Tasa por Servicios Aduaneros, las Decreto N° 1.647, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizados por que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del los órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados excluPoder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. sivamente al Proyecto «Transformación Integral de los Barrios Venezolanos Decreto N° 1.648, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional al Presupuesto de enmarcadas en la Gran Misión Barrio Nuevo – Barrio Tricolor». Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, por la cantidad que en él se especifica. Decreto N° 1.649, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad Gaceta Oficial 40613 del 4 de marzo del 2015 Elaborado por: Lic. Leonardo Rey, Investigador del Observatorio Económico Legislativo.