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Reunión de Alto Nivel para la definición de indicadores y mecanismos
de Transversalización del enfoque de Género para UNASUR
Quito, 26 y 27 de marzo de 2015
MUJERES E IGUALDAD DE GENERO EN UNASUR: CAMBIOS Y
RETOS
Luiza Carvalho
Directora
ONU Mujeres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe
Tendencias generales
En general, tres fenómenos clave han caracterizado el desempeño social y
económico de la región suramericana durante los últimos 15 años: 1)
crecimiento económico sostenido, con ritmos diferenciados entre países y
tendencia hacia la desaceleración del ritmo en los últimos años; 2) mejora
progresiva en algunos de los indicadores que muestran dimensiones de
bienestar: coberturas educativas, reducción de la mortalidad infantil, acceso a
servicios sociales básicos; 3) reducción de la pobreza y desigualdad de ingresos:
en el primer caso con un comportamiento errático (relacionado con ciclos
económicos) y en el segundo con una tendencia decreciente más clara, aunque
también con tendencia hacia el estancamiento durante los últimos 5 años.
Estas tendencias permiten visualizar que los recientes períodos de crecimiento
económico, experimentados por la mayoría de los países de la región hasta el
estallido de la crisis financiera internacional y su recuperación parcial
permitieron una mejora general, pero con un importante margen de inseguridad
en cuanto a su sostenibilidad (esto es reafirmado por CEPAL en su informe
reciente sobre América Latina en 2014). Se hacen necesarias en este contexto
transformaciones sustantivas que evidencien un real cambio de paradigma de
desarrollo.
Es en este contexto y en este año, cifrado por cambios y retos importantes en
cuanto a los compromisos internacionales asumidos por los países de la
subregión en torno a desarrollo, derechos y particularmente igualdad de género,
que el debate sobre la situación de las mujeres en Sudamérica, se hace
indispensable.
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Es así que se debe señalar que la a región sudamericana presenta avances
importantes en el acceso a educación, particularmente la básica 93 de cada 100
mujeres en los países de UNASUR accede a la educación básica, tasa que es
equiparable a la de los varones. Por otro lado, persisten brechas de género en la
educación secundaria y superior, siendo una de las causas la incidencia del
embarazo adolescente, la menor valoración de la educación de las niñas en el
ámbito familiar, así como los estereotipos y sistemas de género, que ubican a
las mujeres en determinados tipos de trabajo menos valorados por el mercado.
En relación a la escolaridad, entre 2007 y 2013 se ha incrementado en 10 puntos
la población de mujeres y hombres con más de 10 años de instrucción, siendo
mayor el porcentaje de mujeres que de hombres con este nivel de educación
Porcentaje de la poblacion entre 15 y 24 años de
edad que tiene 10 o más años de instrucción
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
62,4
57,8
34,6
33,0
2007
66,6
61,4
41,6
38,1
2009
70,5
65,6
70,0
65,1
46,8
41,8
50,8
45,1
2011
hombres / urbano
mujeres / urbano
hombres / rural
mujeres / rural
2013
Por otro lado, acompañando a los ciclos económicos, una tendencia histórica
clara en la región ha sido el incremento de la participación laboral de las mujeres,
con una mayor aceleración durante los últimos años de los 80 y la década de los
90. No obstante, otra tendencia a partir de los años 2000 permite visualizar una
ligera reducción de esta participación en las zonas rurales. Así, se puede verificar
que en América Latina si bien la oferta laboral de hombres y mujeres es
contracíclica, la oferta femenina es más inestable y volátil, y por ende más
susceptible a lo que ocurra con la economía. También es una mano de obra que
ingresa rápidamente a la búsqueda de empleo, en un ambiente de desempleo o
despidos, porque está dispuesta a aceptar menores salarios. Por otro lado, la
participación laboral de los hombres en las zonas urbanas es de 23.5 puntos
porcentuales mayor que la de las mujeres, y en las zonas rurales es 31.7 puntos
2
mayor. Se debe indicar que esta brecha se reduce para las mujeres urbanas y se
incrementa para las mujeres rurales.
Tasa de participación económica de la población por
grupos de edad, sexo y área geográfica
100,0
80,0
60,0
40,0
2004
2007
2010
2013
urbana - hombres
rural - hombres
urbana - mujeres
rural - mujeres
Estas brechas se profundizan también entre estratos sociales. Las mayores tasas
de participación laboral se registran entre las mujeres con mayor nivel educativo
formal, menores responsabilidades familiares o mayores recursos para adquirir
servicios de cuidado (quinto quintil), en tanto que las mujeres pobres, como
consecuencia del menor nivel educativo y de los obstáculos que se les presentan
para compartir o delegar las responsabilidades domésticas y el cuidado de los
hijos y dependientes, enfrentan mayores dificultades para insertarse en el
mercado laboral. Esto se expresa en un promedio regional del 62% de
participación laboral entre las mujeres del quintil más rico y de solamente el
38,4% en el caso de las mujeres del primer quintil.
Población femenina económicamente activa, primer vs quinto quintil (en %)
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
58,9
30,7
65,8
33,5
67,6
60,0
36,0
43,1
64,7
43,5
60,9
44,4
primer quintil
62,7
67,0
64,2
67,2
66,3
63,0
61,9
49,4
38,5
38,4
quinto quintil
3
En el caso de la generación de ingresos, la evidencia empírica muestra que les
es más difícil transformar sus capacidades en ingresos, dada una desigualdad
estructural en el ámbito público y privado, y esto las coloca en una situación de
desventaja económica. Las mujeres por ende trabajan más pero tienen menor
comando sobre sus recursos, y lo que producen no siempre se refleja en
ingresos monetarios. Por otro lado, una gran proporción de mujeres
sudamericanas no genera ingresos (30.2%), lo cual las coloca en una situación
de mayor vulnerabilidad. No obstante, esta situación ha mejorado mucho
durante los últimos 15 años, en que el promedio era de 46%.
Población sin ingresos propios por sexo (2011, 2012)
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
38,9
38,3
28,1
27,3
29,7
31,2
16,1
16,0
10,7
11,1
11,2
34,0
29,8
14,7
14,8
10,4
10,9
30,2
11,8
32,7
12,1
5,4
mujeres
hombres
En términos de generación de empleo, el sector servicios y comercio son los
mayores generadores de trabajo en especial para las mujeres, llegando al 80%
de su población ocupada. Y las oportunidades de trabajo en la industria, siendo
bastante bajas, se han reducido en 15 años (del 18% al 16% de la PEA ocupada).
En el caso de los hombres se eleva también el empleo en servicios y se reducen
las plazas de trabajo en la agricultura
Por otro lado, las mujeres en general tienen comando sobre pocos activos y
propiedades, con lo cual están en dificultades mayores para enfrentar
situaciones de crisis o inestabilidad. De acuerdo a Deere (2010), durante los
primeros años de los 2000, solamente entre el 10 y 30% de mujeres eran dueñas
de sus parcelas agrícolas; y entre el 13 y 32% de sus viviendas (para Honduras,
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México, Nicaragua, Paraguay y Ecuador). Por otro lado, la propiedad de los
negocios es un poco menos inequitativa (40% de las mujeres son propietarias),
pero en la mayoría de los casos el acceso a propiedades ha sido para las mujeres
por herencia (más de la mitad de las mujeres propietarias han accedido bajo este
esquema (en Brasil, Chile, Ecuador, México, Nicaragua y Perú), mientras que la
relación con el mercado es bastante baja, llegando como máximo a 33% de las
propietarias (en Nicaragua).
En esta misma línea, la capacidad de llevar adelante iniciativas y
emprendimientos económicos es bastante limitada en toda la población
latinoamericana, ya que las economías de la región tienden a situar en el sector
de “microempresa” o autoempleo a una gran parte de la población ocupada,
pero no se trata de un sector generador de ingresos o ahorro, o peor aún
representa posibilidad alguna de crecimiento de producción o
encadenamientos; en la mayoría de los casos las pequeñas (incluidas las
individuales) unidades económicas permanecen así en el tiempo, perpetuando
la desigualdad
A 2012, la mayoría de mujeres empresarias se encontraban al mando de
microempresas. Estas tendencias han crecido pero su desempeño y sus
resultados en términos de ingresos, independencia económica y sustentabilidad
permiten señalar que si bien estas fuentes de empleo son más flexibles y
compatibles con su dedicación familiar, también generan ingresos bajos con lo
cual las mujeres pueden mejorar en algo su situación pero esto no se ha
constituido en una estrategia que permita revertir las desigualdades en bienestar,
ingresos y pobreza entre sexos.
Por otro lado, la población autoempleada y la que trabaja en microempresas (sin
ser patrona) también está relacionada con trabajos de baja calificación y no
legalidad en términos de afiliación a la seguridad social, declaración de
impuestos y contabilidad. En 2000 el 52% de mujeres y el 41% de hombres
latinoamericanos se emplearon en sectores de baja productividad; el 30% de
mujeres y el 25% de hombres eran autoempleados; estos porcentajes se elevan
a 55% y 47% en baja productividad; 32% y 29% en autoempleo en 2013 (de
acuerdo al Panorama Laboral OIT, 2013). Estos datos permiten intuir que
existe una tendencia hacia el abandono del empleo en relaciones de dependencia
hacia las unidades económicas pequeñas o el trabajo por “cuenta propia”.
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Una tendencia general de la región es que a pesar del incremento sostenido en
el empleo y reducción del desempleo abierto, persisten importantes niveles de
informalidad, brechas salariales y condiciones precarias de empleo así como la
exclusión de una todavía sustantiva proporción de la población de la protección
social contributiva. En cuanto a las brechas de género, la tasa de desempleo de
las mujeres disminuye a un ritmo menor que la de los hombres y la brecha se
mantiene (1.3 veces mayor en promedio en los países de UNASUR).
El subempleo por horas (trabajar menos horas que las disponibles) prevalece
en el 40% de la población masculina trabajadora, y en el 55% de la población
femenina; en tanto que el subempleo por salario (recibir salario menor al legal)
es casi exclusividad de las trabajadoras, independientemente del sector (formal
o informal) en el que se encuentran. Esto hace suponer que la carencia de
ingresos (vía no participación) y el subempleo son la principal causa de la
desigualdad de ingresos laborales entre hombres y mujeres, una gran parte de la
cual se debe a factores de discriminación y segregación laboral.
Igualmente, la brecha salarial, considerando la población con educación
superior, también tiende a descender y a converger a partir de 2000, mostrando
una mejora en el retorno a la educación de las mujeres además de posibles
mejoras en la situación de discriminación, que se deberían analizar con mayor
profundidad para cada país.
Relación de salarios urbanos entre los sexos (Porcentaje)
(promedio UNASUR)
100,0
95,0
87,7
90,0
86,2
85,0
80,0
82,1
79,4
75,0
70,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Una de las dimensiones que mejor explica las desigualdades de género es la
diferencia en la carga de trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. Si bien
no existe información oficial para toda la subregión sudamericana, de acuerdo
a CEPAL se presentan desigualdades muy elevadas en la carga de trabajo
doméstico no remunerado de cuidados, de entre 1,5 y 4 veces. De acuerdo a
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esta misma fuente, no existe una sustitución (trade-off) entre el tiempo de
trabajo mercantil y doméstico no remunerado, con lo cual incrementos en el
trabajo mercantil de las mujeres deteriora su situación personal de bienestar.
En esta línea, debemos recordar que en términos demográficos, la tasa de
crecimiento de la población de la UNASUR se ha desacelerado, la población
seguirá creciendo, en el marco de una relación de dependencia aún decreciente,
pero que se revertirá debido al envejecimiento de la población. Esta tendencia
de la población en el futuro, sumados los cambios en la estructura del mercado
de trabajo y particularmente la participación de las mujeres configura un
escenario complejo desde el punto de vista de la organización de los cuidados.
Tiempo total de trabajo, según tipo de trabajo y sexo
70,00
60,00
50,00
40,00
6,07
30,00 23,60
20,00
36,87
10,00 19,91
0,00
9,87
32,23
43,70
20,89
15,59
9,45
38,54
40,87
42,92
39,96
19,09
remunerado
43,82
21,55
17,33
36,39
18,91
35,81
11,66
39,97
20,07
no remunerado
En este contexto, siendo un aspecto importante que aporta en el sentido de la
reducción de la carga de cuidados de las mujeres es el acceso a servicios básicos,
se debe indicar que un poco más del 80 %la población de la UNASUR cuenta
con acceso a servicios de saneamiento de calidad, y más del 90% cuenta con
agua potable. No obstante se mantienen carencias a nivel de zonas periféricas
urbanas y las brechas entre zonas rurales y urbanas son bastante elevadas.
Una dimensión clave de bienestar de las mujeres e igualdad de género, que está
a la base de su capacidad y empoderamiento es el ejercicio pleno de sus derechos
reproductivos. En este sentido, como se mencionaba existe una caída general
en la fecundidad, pero esta caída no se refleja en la población adolescente. Las
tasas de embarazo adolescente en la región sudamericana son estables o se
incrementan en los últimos 10 años, a pesar de los esfuerzos y avances en
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información, comunicación y educación en la región. De hecho, en algunos
países el crecimiento más importante se ubica en las tasas de embarazo de las
niñas menores a 15 años. Este último fenómeno está claramente asociado a la
incidencia de violencia sexual, que de acuerdo a estudios realizados en la región,
ocurre mayoritariamente en el círculo cercano y familiar.
En esta línea se debe indicar que de acuerdo a la OPS (2013), la región
sudamericana muestra una incidencia de más de 50% de violencia contra las
mujeres entre 15 y 49 años, siendo las más comunes la violencia física, sicológica
y sexual. Este es un fenómeno tolerado y aceptado en muchas de nuestras
sociedades, y aún persiste un gran nivel de subregistro de denuncias e
informalidad en los procesos de abordaje de los casos. Contar con protocolos
nacionales y regionales que respondan a los convenios y compromisos
internacionales consignados por nuestros países puede convertirse en una meta
común, con miras a la reducción y erradicación de la violencia de género en sus
diversas formas. Muchos países cuentan con protocolos e institucionalidad de
denuncias y procesos. El reforzamiento de las capacidades institucionales
nacionales y locales para ponerlos en marcha es otro reto pendiente.
Finalmente, un elemento clave de empoderamiento de las mujeres ha sido la
posibilidad de decidir, en el ámbito privado y público, sobre cambios en su vida
propia y de sus comunidades. En cuanto a la participación política, un indicador
que permite una aproximación a la participación de las mujeres en la toma de
decisiones es el porcentaje de escaños parlamentarios ocupadas por mujeres. Si
bien en la UNASUR la presencia de las mujeres en la legislatura aumentó entre
2000 y 2013 de 18% a 25%, este valor se encuentra lejos de las cifras observadas
en países europeos. Por otro lado, se aprecia baja participación en gabinetes
ministeriales, en comparación con los varones.
Países de UNASUR: proporción de escaños ocupados por
mujeres en parlamentos nacionales
50
40
30
20
10
0
2001
2014
8
Países de UNASUR: porcentaje de mujeres en gabinentes
ministeriales
100,0
50,0
0,0
Hombres
Mujeres
Políticas públicas y retos para la subregión
El desempeño económico de varios países en la región permite señalar la
necesidad de contar con un espacio fiscal para ampliar la cobertura de
infraestructura de cuidados, servicios y programas para la generación de
oportunidades económicas. Igualmente, se hace necesario el rompimiento de
barreras a la mayor inclusión y liderazgo de las mujeres, promover
redistribución del tiempo y el trabajo, tomando en cuenta las diferencias entre
mujeres (territoriales, étnicas, etarias).
Los modelos de políticas públicas en la región ha ubicado a las mujeres en el
centro de las políticas de protección social, particularmente aquella no
contributiva. Adicionalmente, con mayor o menor medida se han desarrollado
en la región programas y servicios de atención y prevención de la violencia de
género, programas y servicios de cuidado.
En el caso de protección social, las transferencias monetarias han sido
implementadas en 11 de los 12 países de UNASUR con resultados importantes
en términos de reducción de pobreza de ingresos, educación y otros beneficios;
no obstante, si bien sus evaluaciones reflejan que en muchos casos han
conseguido fomentar la capacidad de decisión de las mujeres al interior de sus
hogares, se debe analizar mejor impacto de estos programas en la situación,
calidad de vida y oportunidades de las mujeres que son quienes las reciben, y
replantearse el enfoque que coloca en las mujeres la corresponsabilidad como
condicionante a su entrega, que reafirma su rol como responsables del cuidado.
Por otro lado, muchos países cuentan también con programas de transferencias
no contributivas como parte de sistemas de pensiones para la población adulta
mayor; estos instrumentos han sido de gran beneficio en especial para las
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mujeres en estos rangos de edad que han estado desprotegidas del sistema de
seguridad social. No obstante, se hace necesario profundizar en los derechos a
protección de esta población, que deben incluir necesariamente el derecho al
servicio de salud. Adicionalmente, la subregión debe encaminarse a la
construcción de sistemas de seguridad social que consideren la seguridad como
un derecho de toda la población e incluyan pilares solidarios y no contributivos,
y cuenten con financiamiento estable.
Iniciativas interesantes en la región han tenido que ver con procesos de
inclusión financiera a partir de las transferencias monetarias. Los créditos
derivados de estos programas han sido muchas veces la única fuente de
financiamiento que tienen muchas mujeres pobres, para complementar sus
actividades económicas. No obstante, es necesario que, una vez en el sistema
financiero, las mujeres entren en lógicas de mayor escala y en una relación más
directa con el sistema de crédito, que además debe complementarse con acceso
a capacidades y otros recursos de producción. Los programas de microcrédito
han mostrado algunos límites en este sentido a lo largo de la subregión.
Por otro lado, todos los países cuentan con programas contra la violencia de
género y en mayor o menor medida programas de cuidado infantil, y pocos de
ellos cuentan con programas de cuidado a personas adultas mayores o con
discapacidad. La mayor parte de países cuenta con legislación para licencias por
maternidad y algunos incluyen también licencias por paternidad. El cuidado de
niños y niñas tiene mayor cobertura en Chile y Uruguay, mientras que en Brasil
y Argentina tienen mayor cobertura en seguridad social y pensiones de la
población adulta mayor, así como servicios de cuidado para esta población. En
el caso de licencias por maternidad y paternidad, Brasil y Chile cubren con estas
licencias tanto a personas asalariadas como a cuentapropistas.
Otro tema importante ha sido la tipificación del femicidio como un delito
selectivo de violencia contra las mujeres en razón del género, pero su
implementación aún enfrenta limitaciones para su adecuado registro y
monitoreo. Uno de los problemas importantes es que no existe una definición
consensuada del concepto de feminicidio en la región, y por ello su debate a
nivel subregional se vuelve clave.
En relación a la violencia de género, todos los países miembros de UNASUR
cuentan con normas, planes y programas de prevención, atención y sanción a la
violencia de género. Asimismo, se realizan esfuerzos para monitorear los
avances y rendir cuentas a instancias internacionales así como construir
instrumentos de medición y conciliar definiciones para facilitar estas tareas.
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En relación a los servicios de cuidado, existe una oferta aún insuficiente de
servicios de cuidado infantil público y sistemas de cuidado constituidos como
tales. En algunos países se ha reconocido el trabajo de cuidados como
productivo y generador de derechos (Ecuador, Bolivia, Venezuela), se han
desarrollado normativas específicas (Uruguay) y se ha generado infraestructura
de cuidados (Chile, Ecuador, Argentina, entre otros), con una cobertura que
aún no ha cubierto la demanda de la población, como se aprecia en los datos de
trabajo no remunerado y en estudios sobre servicios de cuidado en la región,
realizados por CEPAL. El trabajo de cuidado de otros no es aún un derecho
reconocido y atendido por los Estados; depende de la disponibilidad de trabajo
gratuito de una tercera persona (mujer generalmente) y la capacidad de pago de
la población a ser cuidada. El reconocimiento del derecho al cuidado y asegurar
que éste no sea responsabilidad de las mujeres en su trabajo gratuito es un
elemento clave en las políticas nacionales y los compromisos regionales.
En este sentido también se sebe destacar la importancia de continuar en la
contabilización y valoración monetaria del trabajo doméstico no remunerado,
con la finalidad de reconocerlo y ante todo de dedicar recursos fiscales
suficientes para la construcción de sistemas nacionales de cuidado. Esfuerzos
en este sentido se han realizado en algunos países de la región como Uruguay,
Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay. Brasil y Venezuela, a
través de encuestas de uso del tiempo, que deben realizarse en forma periódica
y homologada.
Debo reiterar, finalmente, que la discusión sobre la incorporación de la igualdad
de género como uno de los ejes en la política y accionar de la UNASUR como
bloque regional es un elemento clave, tanto para la consecución de los grandes
objetivos de desarrollo de la región como para la consistencia de una propuesta
sólida, que supere los paradigmas económicos y políticos que sostuvieron un
conjunto de países desiguales, pobres y poco cohesionados en el pasado, y
construya una región de progreso sostenible e igualdad para todos y todas.
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